México propone reducir 12% el costo del espectro radioeléctrico, en un giro histórico de la política mexicana de telecomunicaciones y tras casi veinte años de advertencias y reclamos de una industria que aporta cerca del 4% del PIB nacional.
La propuesta será presentada en la tarde-noche del martes al Congreso de la Unión como parte del Paquete Económico de la Federación 2027 (PEF) y ya cuenta con el visto bueno de la Secretaría de Hacienda para hacer las modificaciones necesarias en la ley Federal de Derechos (LFD) y además, se enmarca en el contexto de la renegociación del T-MEC, revelaron fuentes de alto nivel a El Economista.
"Está en interés de Hacienda de, por fin, poner de su parte para ajustar los precios", dijo una de las fuentes. "Esta información ya fue respaldada por la Secretaría de Economía, queda en los diputados decidir", dijo otra de las fuentes.
Esto significaría, que después de años de reclamos de la GSMA, la OCDE, la ASIET, los extintos reguladores Cofetel e IFT, así como la propia industria que atiende a 145 millones de usuarios celulares en México, en el país por fin se abre la puerta a corregir uno de los principales obstáculos para la inversión, la cobertura, la competencia y el despliegue de redes 5G en México.
Y esto, no sólo porque se reduciría por primera vez el precio que pagan los operadores por utilizar las frecuencias, sino porque llega después de que el modelo mexicano produjo exactamente el resultado contrario al que durante años buscó Hacienda junto con la Cámara de Diputados:
Menos espectro en operación, licitaciones sin interesados, devolución de frecuencias, menor competencia y miles de millones de pesos que dejaron de ingresar al Estado mexicano.
El propio gobierno reconoció en mayo que el país arrastra un déficit estructural de espectro, como entonces documentó El Economista.
El Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030 estableció que México dispone actualmente de 695 MHz para servicios móviles masivos, frente a los 1,280 MHz que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) recomienda como referencia para garantizar calidad y cobertura.
Eso significa que México apenas opera con 54.3% del espectro que la UIT considera necesario.
Y lo más contundente es que ni siquiera el plan gubernamental de expansión resuelve completamente el rezago: Para 2030 se proyectan 1,095 MHz, todavía 185 MHz por debajo de la referencia internacional.
La fotografía es todavía más incómoda cuando se mira hacia atrás.
Enrique Peña Nieto terminó su gobierno con 660 MHz de espectro en explotación para comunicaciones masivas. Andrés Manuel López Obrador dejó el país con apenas 500.9 MHz.
En lugar de aumentar la disponibilidad de este recurso estratégico para acompañar la expansión del tráfico móvil, la economía digital y la llegada de 5G, México terminó con menos espectro en los últimos ocho años.
A comienzos de 2025, México tenía 562.51 MHz asignados entre Telcel, AT&T y Altán Redes, por debajo de Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, y apenas por encima de Venezuela.
Brasil ya había alcanzado 1,040.3 MHz en 2024.
La paradoja es difícil de ignorar: mientras otras economías latinoamericanas ampliaron la cantidad de frecuencias disponibles para sus operadores, México vio cómo empresas devolvían espectro porque mantenerlo resultaba económicamente inviable.
El diagnóstico más contundente provino del propio análisis que el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) entregó a Hacienda.
De los 475.35 MHz considerados en ese ejercicio para servicios masivos privados, 427.92 MHz, equivalentes a 89.83%, estaban sobrevaluados frente a referencias internacionales.
Sólo 48.43 MHz aparecían por debajo de esas referencias.
La diferencia era especialmente severa en las bandas que sostienen buena parte de las redes móviles.
Los bloques de 1900 MHz y 1.7/2.1 GHz estaban 93% por encima del promedio internacional; los de 2.5 GHz, fundamentales para 5G, 83% arriba; y los de 3.5 GHz, esenciales para aplicaciones de mayor capacidad y usos industriales, 24% arriba.
El resultado fue que México convirtió un activo público escaso en un insumo excesivamente caro.
Y la factura no la pagaron solamente las empresas. La pagaron también los consumidores.
La GSMA estimó que el alto costo del espectro mexicano, que llegó a superar en más del doble la mediana regional, había privado de cobertura 4G a alrededor de 5 millones de mexicanos.
Aquí está probablemente la mayor paradoja de toda esta historia.
El Estado defendió durante años los altos derechos de espectro bajo una lógica recaudatoria. Pero las empresas comenzaron a devolver las frecuencias.
Entre 2019 y 2024, las renuncias de Telefónica y AT&T representaron para Hacienda unos 23,281 millones de pesos que dejaron de recaudarse, equivalentes a 1,172 millones 244,969 dólares al tipo de cambio promedio del periodo.
Esa es una cifra enorme. Equivale, por ejemplo, a casi tres años de inversión de América Móvil en Argentina; a un año de inversión de Telcel en México; a un año de ingresos de Telefónica México; a un trimestre de facturación de AT&T en el país; y supera los ingresos de dos años de Altán Redes.
En otras palabras: El espectro caro terminó costándole dinero a Hacienda.
AT&T, por su parte, aportaba alrededor de 7,481 millones de pesos anuales al Estado por el uso del espectro y aun así advirtió que podría devolver más frecuencias y abstenerse de participar en nuevas subastas si las condiciones económicas no cambiaban.
La subasta de 2021 había dejado una señal inequívoca: Sólo tres de 41 bloques encontraron comprador.
No era falta de necesidad de espectro. Era falta de viabilidad económica.
En marzo de 2026 la OCDE colocó el diagnóstico internacional sobre la mesa: Las tarifas mexicanas están entre las más altas del organismo y el costo total de la mayoría de las frecuencias es casi el doble de la mediana internacional.
El organismo señaló que el esquema mexicano desincentiva la inversión, favorece la concentración del mercado e inhibe el ingreso de nuevos competidores.
Pero hizo una observación todavía más incómoda para la vieja política fiscal: Las tarifas elevadas tampoco han logrado maximizar la recaudación pública.
México cobra mediante una combinación poco común: Una contraprestación inicial y pagos anuales durante la vida de la concesión. En la práctica, los pagos recurrentes representan entre 70% y 90% del costo total de buena parte del espectro.
Por eso el eventual recorte de 12% no debería interpretarse simplemente como un beneficio para Telcel, AT&T, Altán u otros operadores.
Es un intento de corregir una distorsión que terminó afectando al propio Estado.
La decisión llega justo cuando la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) necesita poner en marcha su nueva etapa.
La CRT tiene previstos tres procesos: uno orientado a aplicaciones industriales, otro a cobertura en zonas rurales y marginadas y finalmente uno para banda ancha móvil 5G.
El regulador contempla poner en el mercado al menos 300 MHz, provenientes de bandas como 600, 800/850 MHz, 1.9, 2.3, 2.5 y 3.5 GHz, además de bandas de alta capacidad.
El reto será mayúsculo, porque la última vez que México intentó avanzar con una gran licitación 5G, el proceso quedó atrapado en una transición institucional y política. La IFT-12 contemplaba 2,223 lotes de frecuencias para servicios 4G y 5G, después de casi seis años de preparación.
Ahora la CRT tendrá que demostrar que el nuevo modelo sí puede conseguir lo que el anterior no consiguió: que el espectro encuentre compradores, que los operadores inviertan y que las frecuencias terminen convertidas en antenas, cobertura, capacidad y servicios.
Y aquí puede estar el verdadero alcance de la propuesta de Hacienda.
Si bajar 12% los derechos genera más participación, más espectro colocado, más inversión y más cobertura, el Estado podría terminar recaudando más en el mediano plazo.
Porque un derecho fiscal sobre una frecuencia que nadie quiere utilizar vale cero para la conectividad. Y una frecuencia asignada, desplegada y utilizada genera actividad económica alrededor de ella.
Durante años, la discusión fue presentada como un dilema entre recaudar o abaratar. La experiencia mexicana demuestra que la pregunta estaba mal planteada.
El verdadero dilema era otro: ¿Cuánto puede recaudar México si las empresas dejan de comprar, comienzan a devolver frecuencias y las licitaciones quedan desiertas?
La respuesta ya está documentada: entre 2019 y 2024, 23,281 millones de pesos menos para Hacienda.
Ahora el gobierno tiene la oportunidad de cambiar el contexto.
La industria llevaba años pidiendo revisar los precios. La GSMA alertó sobre el impacto en cobertura. ASIET cuestionó el peso de la tributación sobre la conectividad. El IFT llevó a Hacienda un análisis que identificaba el sobreprecio de las bandas. La OCDE pidió reequilibrar las tarifas. Y las empresas devolvieron frecuencias cuando la economía dejó de tener sentido. Ahora Hacienda parece escuchar.
La reducción de 12% puede ser mucho más que un descuento. Puede ser el reconocimiento oficial de que México se equivocó durante años al tratar el espectro principalmente como una fuente de recaudación y no como infraestructura estratégica para el desarrollo.
Y si la CRT logra transformar ese menor costo en más inversión, más cobertura, más competencia y más servicios 5G, el nuevo regulador podrá anotarse algo que ninguna administración anterior consiguió: Hacer que México deje de perder espectro mientras intenta cobrar por él.
