Deforestación, derrames de petróleo,contaminación del agua, asesinatos de defensores ambientales. América Latina sufre diariamente las consecuencias de las actividades extractivas. Para hacer frente a ello, desde hace años se está gestando una iniciativa para poner al mismo nivel los crímenes contra la naturaleza y los crímenes de guerra. Se trata del ecocidio, "cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente", explica a DW Gustavo Alanís Ortega, Fundador del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Esta definición es el resultado de un proceso de seis meses de trabajo y una consulta pública mundial tras la convocatoria de un panel de expertos independientes integrados por una docena de juristas de todo el mundo convocado por la Fundación Stop Ecocidio en 2021.
"Surge de la necesidad de armonizar y facilitar los procesos legislativos que están teniendo lugar en la región para incorporar el crimen de ecocidio en los ordenamientos jurídicos internos", señala a DW Rodrigo Lledó, director para las Américas de Stop Ecocidio Internacional.
"Esta definición internacional requiere un proceso de adaptación cuidadosa a la realidad legal y social de América Latina", recalca Ortega, también director ejecutivo del CEMDA. "En la práctica esto implica precisar más la conducta delictiva, precisar las definiciones, la pena aplicable, diferenciar entre un delito doloso y un delito culposo y una serie de aspectos técnico-jurídicos", aclara el experto.
Participantes en la presentación en Ciudad de México de la Ley Modelo de Ecocidio para América Latina, que sirve de guía y facilita la adecuación de la definición internacional al marco legislativo de cada Estado latinoamericano. (30.09.2026).Ricardo Ruiz/CEMDA
"Lo que comenzó como la adaptación de la definición internacional de ecocidio, terminó siendo una completa ley modelo, con 18 artículos en total", recalca Lledó. "Se adecuó el crimen de ecocidio y se crearon tres figuras: delito de resultado, delito de peligro y delito culposo. Se establecieron penas proporcionales a la gravedad del daño", agrega.
En dicha ley modelo -que se ha llevado a cabo mediante un proceso participativo y colaborativo- se establecen salvaguardas para pueblos originarios, responsabilidad de las personas jurídicas, protección de denunciantes, testigos y peritos, el derecho a la participación en el proceso penal mediante acción popular y el principio de jurisdicción universal para el delito de ecocidio.
Asimismo, se establece la imprescriptibilidad, se prohíben amnistías e indultos, se establecen medidas de restauración o reparación integral del ecosistema afectado y se establece la responsabilidad del Estado frente a la imposibilidad de ubicar al responsable. Finalmente, también se otorga un plazo de dos años desde que se publique la ley hasta su entrada en vigor para que los Estados puedan capacitar a jueces, fiscales, defensores y policías, y para que las empresas puedan adecuar sus procesos productivos al nuevo marco normativo.
"El texto de la Ley Modelo apuntala disposiciones de tratados internacionales muy relevantes, de manera que los artículos 12 a 16 se enfocan en brindar tutela penal a personas defensoras ambientales y denunciantes; establecer medidas cautelares y de protección procesal; fortalecer la capacitación sobre el Acuerdo de Escazú; garantizar la participación procesal efectiva de comunidades y garantías de acceso; y reconocer la legitimación activa amplia", complementa Ortega.
Pueblos originarios en la mira: teniendo en cuenta que la región es una de las más peligrosas del planeta para los defensores ambientales, la ley modelo protege a denunciantes, testigos y peritos.Gustavo Basso/DW
Para Lledó, el modelo de ley supone "un gran avance, un hito histórico en la región" debido al esfuerzo colectivo en el consenso del mismo que "resuelve una dificultad técnica".
"Representa una oportunidad importante de fortalecimiento legal hacia la protección efectiva del ambiente vinculado con los derechos humanos", dice a DW Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al ambiente sano, limpio y sostenible, apuntando que esta iniciativa tiene que "centrarse en el derecho al ambiente limpio, sano y sostenible, que ya está reconocido a nivel internacional por Naciones Unidas, a nivel regional, y en la gran mayoría de constituciones y legislaciones en la región".
En este sentido, la abogada colombiana insta a los Estados, cuando haya violaciones graves, "a asegurar que efectivamente hay una protección efectiva de este derecho y de otros derechos".
Y es que, "el único punto débil es que se trata de una propuesta académica de referencia, un modelo, una plantilla, y dependerá de la voluntad de los parlamentos su adopción", reconoce Lledó, dado que "no es directamente aplicable".
"Cada país decidirá si toma toda la Ley Modelo textualmente, o solo algunas partes, o si necesita hacer alguna adecuación", complementa el directivo mexicano. "Además, la Ley Modelo permitirá que las legislaciones nacionales sean muy semejantes, de manera que permita la persecución del delito de ecocidio que muchas veces afecta a más de un Estado", agrega.
"Si los Estados no adoptan la ley de ecocidio es únicamente porque no hay voluntad política; no podrán esgrimir dificultades técnicas", asegura a DW Rodrigo Lledó, director para las Américas de Stop Ecocidio Internacional.Ricardo Ruiz/CEMDA
Después de su presentación pública, el pasado 30 de septiembre, los esfuerzos se concentran ahora en la generación de proyectos de ley de ecocidio a nivel nacional. "Actualmente se está presentando el texto de la Ley Modelo ante los poderes legislativos de diversos países de Latinoamérica, que se han mostrado muy interesados en analizar y retomar el texto de esta ley para incorporarlo en su legislación nacional y así, cada país, de manera soberana e independiente -aunque alineada-, se hará responsable de las reformas legales necesarias y su aplicación", subraya el director ejecutivo del CEMDA.
Por ello, además de la presentación en la Cámara de Diputados de México el pasado 1 de octubre, la semana pasada, la Ley Modelo de Ecocidio se dió a conocer en el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) en Panamá, en la Universidad de Panamá, y en la Asamblea Nacional el Gobierno panameños.
(cp)
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