México enfrenta un acelerado proceso de envejecimiento de su población; sin embargo no cuenta con un sistema integral de cuidados para personas adultas mayores. Actualmente su atención depende de sus familias, mientras que los servicios públicos operan de manera fragmentada, sin mecanismos eficientes de coordinación, plantean especialistas.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 19.19 millones de personas de 60 años o más que representan 14.71% de la población.
El Consejo Nacional de Población (Conapo) estima que en 2030, este grupo alcanzará 20.6 millones de personas, equivalentes a 15.0% de la población. Para 2070, la cifra ascenderá a 48.3 millones, es decir 34.2% del total.
Eduardo Sosa Tinoco, director de Educación y Divulgación del Instituto Nacional de Geriatría, señaló que 23% de las personas adultas mayores presenta al menos una limitación para realizar actividades básicas de la vida diaria y 11% requiere ayuda permanente para actividades cotidianas.
El funcionario llamó la atención en que los cuidados recaen principalmente en familiares, en su mayoría mujeres. Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados, 86.5% de los familiares que cuidan a personas mayores no cuentan con una formación en cuidados y, según el Censo de Alojamientos de Asistencia Social, solo 4.5% del personal en residencias de personas mayores tiene competencias certificadas.
La información de personal especializado también presenta rezagos. Según el funcionario, mientras en los últimos 15 años se certificaron en cuidados de niños casi 125,000 personas, en cuidados de adultos mayores solo fueron alrededor de 1,000.
Las deficiencias en la atención de las personas adultas mayores no obidecen únicamente a restricciones presupuestarias, sino también a la forma en que se organizan los servicios.
Guillermo Cejudo Ramírez, profesor-investigador en la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó que políticas de cuidados en México operan de manera fragmentada, con programas diferenciados por edad, sector y condición de acceso a seguridad social.
En 2026 el gobierno federal destinó 468,641 millones de pesos, a 47 programas presupuestarios relacionados con servicios de cuidados, distribuidos entre 27 instituciones federales. De esos programas únicamente 10 estan dirigidos a personas adultas mayores.
El monto total destinado a esos programas equivale a 4.7% del presupuesto federal para 2026 y a 1.2% del Producto Interno Bruto estimado para este año.
De acuerdo con un análisis de Oxfam sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, los recursos presupuestados para cuidados ascienden a 475,900 millones de pesos. Según Oxfam, determinadas partidas registran reducciones reales de hasta 72%.
Según Adriana Sofía Oseguera Gamba, directora de Seguimiento a la Estrategia de Prevención de la Secretaría de las Mujeres, en el país hay actualmente 162 centros públicos de atención a personas mayores.
De esa cantidad, 138 son clubes de personas mayores, 11 centros de día, 10 centros de larga estadía (residencias o albergues) y ocho centros de atención especializados. Algunas residencias también cuentan con centros de día. Además hay 1,500 centros adicionales de los gobiernos estatales y municipales.
Sin embargo, la funcionaria reconoció que no todos estos establecimientos atienden a personas con dependencia funcional, ni tienen un modelo de atención centrado en la persona.
Es precisamente la desarticulación de esos centros de atención lo que, según el investigador del CIDE, Guillermo Cejudo Ramírez, ocasiona que las personas que requieren servicios, bienes o apoyos, tienen que buscar por sus propios medios y capacidades particulares la información sobre a quién recurrir, identificar la forma de llegar al lugar indicado y presentar los requisitos necesarios para recibir atención.
"Cada quien tiene que superar la curva de aprendizaje y recorrer los caminos burocráticos, en lugar de beneficiarse de una oferta articulada".
Ante este panorama, Cejudo Ramírez planteó la necesidad de construir una política integral de envejecimiento, capaz de atender el problema en todas sus dimensiones.
En ese sentido, Adriana Sofía Oseguera, consideró necesario dejar de entender los cuidados como una responsabilidad exclusiva de las familias y asumirlos como una tarea colectiva en la que participen también instituciones de gobierno, empleadores, sindicatos y organizaciones sociales.
Guillermo Cejudo Ramírez dijo que México requiere construir una política integral de envejecimiento con perspectiva centrada en la persona. Eso quiere decir que los servicios, bienes y apoyos que ofrezca el gobierno se adapten a las características y necesidades de las personas.
Para ello, propuso establecer rutas claras de acceso a servicios y garantizar que las personas conozcan sus derechos y las instituciones responsables de hacerlos efectivos.
Desde la perspectiva de políticas públicas, consideró indispensable definir qué dependencias y organismo participarán, cuáles serán sus objetivos comunes y quiénes asumirán las responsabilidades.
Posteriormente, deberán establecerse los espacios de decisión y determinar qué autoridad tendrá la responsabilidad de coordinar el conjunto de la política.
El siguiente paso sería implementar sistemas de información con indicadores, mecanismos para la gestión de la información, instrumentos de aprendizaje y de calibración.
El problema público que se busca resolver comprende la baja calidad de la atención, insuficiencia de servicios, las dificultades de acceso y la desarticulación institucional de los sistemas existentes, recalcó.
