INM trasladó a más de 483 mil personas migrantes dentro de México: informe

2026-11-20 16:09:22 - MUNDO

El Instituto Nacional de Migración (INM) registró 483 mil 190 traslados de personas migrantes entre distintos puntos del país de enero de 2017 a junio de 2024. Los movimientos, documentados en 437 rutas terrestres, forman parte de una red de control migratorio que se extendió más allá de las fronteras y que, de acuerdo con una investigación independiente, aleja a los migrantes de sus redes de apoyo, separa familias y obstaculiza sus intentos por regularizar su estancia o solicitar refugio en México.

El informe La dispersión como una política migratoria de desgaste, elaborado por Liliana Frankel, Santiago Narváez Herrasti y Daniel Gómez Hernández, analiza los registros que el instituto entregó mediante acceso a la información. La base de datos contabiliza traslados que involucraron a más de 60 mil niñas, niños y adolescentes; en los años posteriores a 2020 —cuando se prohibió su alojamiento en estaciones migratorias—, la movilidad forzada de esta población aumentó 759 %.

Casi nueve de cada diez traslados documentados —el 89.8 por ciento— terminó en municipios donde había al menos un sitio de detención migratoria, ya fuera una estación o una estancia provisional. Aunque esto no significa que todas las personas ingresaran a esos recintos, muestra la relación territorial entre los movimientos del INM y la infraestructura destinada a retener a la población migrante, que hacia 2024 sumaba más de 50 espacios oficialmente habilitados según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Foto: Archivo Cuartoscuro

Más que un mecanismo de transporte entre ciudades, esta red conecta estaciones migratorias, estancias provisionales, retenes carreteros, redadas y centros de recepción del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Su funcionamiento abarca distintos objetivos de control: desde interceptar caravanas y desplazar a quienes van en tránsito hasta recibir a personas deportadas desde Estados Unidos o detener a extranjeras que ya viven y trabajan en México.

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¿Cómo incorporó México mecanismos de control migratorio más allá de sus fronteras? A partir de esa pregunta surgió el proyecto. Liliana Frankel, periodista e investigadora de Filadelfia, Estados Unidos, explicó que durante años los retenes y revisiones se concentraron en puntos de tránsito conocidos, como las rutas del ferrocarril, pero con el tiempo se extendieron a carreteras y otros espacios con la participación del INM y corporaciones de seguridad.

Para reconstruir esa expansión, el equipo reunió y homologó ocho años de registros provenientes de más de 30 oficinas regionales del Instituto. Como las tablas tenían formatos y criterios distintos, fue necesario revisar, estandarizar y documentar cada decisión para que otros investigadores o ciudadanos pudieran consultar y reproducir el análisis. Santiago Narváez Herrasti, investigador vinculado a la organización R3D, y Daniel Gómez Hernández, físico especializado en sistemas complejos y visualización de datos, colaboraron en el procesamiento y la revisión de la información.

Con el fin de contrastar los trayectos oficiales con los movimientos reales, los autores elaboraron un mapa de rutas migratorias históricas tomando como referencia puntos documentados en investigaciones y testimonios, además de la red ferroviaria y las carreteras federales. La mayoría de los traslados coincidió con esas rutas, aunque hubo excepciones que llamaron su atención, entre ellas Villahermosa y Tapachula.

Como hipótesis, Frankel señala que la presencia de estaciones migratorias importantes en esas ciudades las convirtió en puntos de contención y traslado, aunque advierte que los datos no permiten establecer esa relación como una causa comprobada.

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, la contención migratoria también funcionó como herramienta de negociación con Estados Unidos, según plantea Frankel a partir de las memorias de Ken Salazar, exembajador estadounidense en México. En su libro Borderlands, Salazar relata que la pausa temporal en los traslados del INM a finales de 2023 sirvió como palanca para concretar una reunión bilateral con el entonces secretario de Estado, Antony Blinken, en un contexto en el que el gobierno mexicano buscaba vincular la cooperación migratoria con el respaldo financiero de Washington a sus proyectos de infraestructura, como el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Foto: Archivo Cuartoscuro

Salazar describe que la administración de Joe Biden ofreció apoyar el proyecto, aunque los recursos finalmente no se concretaron. Hacia el cierre del sexenio, relata el exdiplomático, México dejó de financiar autobuses y vuelos para trasladar al sur del país a migrantes rechazados en la frontera estadounidense, en un contexto de restricciones presupuestales y de prioridad al gasto destinado a las obras emblemáticas de López Obrador.

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A juicio de Frankel, los registros permiten observar la continuidad de una infraestructura que se ha mantenido a través de distintas administraciones. Su argumento evidencia cómo los mecanismos de control se consolidaron durante años, extendiendo las prácticas de contención a lo largo del territorio nacional.

Las consecuencias de los traslados se reflejan en los testimonios que acompañan la investigación. Uno de ellos es el de Reyna —nombre utilizado para proteger su identidad—, quien contó que en 2023 fue detenida junto con su pareja y su hijo durante una redada en las vías del tren en Coahuila. Mientras la familia era trasladada a Villahermosa, su hija adolescente permaneció escondida en el desierto; la distancia dificultó su reencuentro y las mantuvo separadas durante varios meses.

Otro caso es el de Anahí, una mujer migrante que residía en la Ciudad de México y fue detenida este año junto con su hijo y su nieto mientras compraban la despensa en Tepito. Los tres fueron trasladados hasta el puente fronterizo con Guatemala, en Chiapas. Aunque su nieto había nacido en la capital y tenía nacionalidad mexicana, las autoridades migratorias no se detuvieron.

Estos testimonios muestran que los operativos afectan no solo a quienes atraviesan el país, sino también a personas radicadas en México que trabajan o buscan regularizar su situación, incluso con un procedimiento de refugio en curso.

Durante la presentación del informe en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Rodrigo Yedra, defensor independiente que acompaña a familias migrantes en sus procesos de integración, cuestionó la brecha entre el discurso de la capital como "ciudad santuario" y las prácticas que enfrentan en sus calles. Desde su experiencia, describió una ciudad donde las redadas, detenciones y desalojos en espacios públicos, mercados y campamentos terminan con el traslado de migrantes hacia otros estados, particularmente al sur del país.

Foto: Archivo Cuartoscuro

De acuerdo con Yedra, una persona solicitante debe presentarse cada diez días ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en la sede donde inició su trámite; si el INM la traslada a otra entidad, pierde citas y pone en riesgo meses de avance.

Aunque la COMAR entrega una constancia de solicitud, los tiempos reales para obtener una resolución se prolongan mucho más allá de los plazos previstos, periodo en el que los solicitantes enfrentan obstáculos para acceder a empleo, vivienda y otros trámites. Un traslado forzoso los aleja tanto de las oficinas donde dan seguimiento a su expediente como de las organizaciones o representantes legales que los acompañan.

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Esta dinámica deja a las familias sin información sobre el paradero de sus integrantes, pues tras una detención no se notifica en qué instalación se encuentran ni a qué autoridad acudir. Frankel añadió que no existe un protocolo que garantice la comunicación del destino del detenido por parte del INM; esa incertidumbre obliga a las familias a destinar recursos para localizarlo o intentar reunirse, exponiéndolas a abusos, explotación o a recurrir a redes de tráfico de personas para regresar a sus puntos de origen.

Foto: Cuartoscuro

Pese a los avances legales como la prohibición de alojar a menores en estaciones migratorias (2020) y el límite judicial de 36 horas a la detención (2023), los más de 60 mil niños, niñas y adolescentes en los registros evidencian que el traslado opera como una práctica sistemática. Frankel califica esta política como una "dispersión desde arriba" que genera una respuesta inversa: personas migrantes que abandonan trayectos conocidos y buscan rutas cada vez más clandestinas para evitar nuevas detenciones.

El informe y su base de datos abierta y auditable están disponibles para consulta pública en la plataforma Tirando Código. Sus autores buscan que periodistas, investigadores, organizaciones e incluso las propias personas en movilidad revisen qué ocurre en los municipios donde existen estaciones migratorias o estancias provisionales —qué poblaciones llegan, cuántos menores aparecen en los registros y cómo responden los DIF locales— para abrir nuevas líneas de investigación y exigir transparencia sobre una política cuyos efectos suelen quedar fuera de la mirada pública.

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