Una fuerte represión con el objetivo de perpetuarse en el poder. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, designado por el Consejo de DD. HH. de Naciones Unidas, afirmó que existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en el país centroamericano.
"Lo que estamos viendo es una dictadura absoluta, y esa dictadura tiene un objetivo claro: un gobierno dinástico permanente"
La investigación, iniciada en abril de 2018 tras las denuncias de violaciones de derechos humanos, señala directamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo y describe un sistema de poder orientado a neutralizar cualquier oposición política.
"Lo que estamos viendo es una dictadura absoluta, y esa dictadura tiene un objetivo claro: un gobierno dinástico permanente", declaró Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos con sede en Ginebra. Simon también aludió a las declaraciones de Ortega sobre la posibilidad de que Nicaragua no vuelva a celebrar elecciones.
Archivo: un nicaragüense residente en Costa Rica se manifiesta en apoyo al ciudadano estadounidense Eddy Montes —quien murió en un tiroteo en una prisión cerca de Managua tras haber sido detenido durante las protestas antigubernamentales en Nicaragua— frente a la Embajada de Nicaragua en San José, Costa Rica, el 17 de mayo de 2019. Los carteles dicen: "Salven a los presos políticos".
Los expertos sostienen que las autoridades han recurrido a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución política y medidas destinadas a privar de derechos a sus adversarios. El Gobierno nicaragüense niega las acusaciones.
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El informe pone el foco en el uso de la privación de la ciudadanía como herramienta de represalia política. Desde febrero de 2023, al menos 452 nicaragüenses considerados opositores han sido declarados "traidores" y despojados de su nacionalidad, según los expertos. Entre ellos figuran antiguos dirigentes sandinistas, un exvicepresidente y todos los candidatos presidenciales de 2021.
Estas medidas han dejado apátridas a las personas afectadas, al privarlas de la nacionalidad nicaragüense sin que dispongan de otra ciudadanía. En numerosos casos, las autoridades también han confiscado viviendas y otras pertenencias, de acuerdo con la información recopilada por el grupo.
Archivo: imágenes de personas que murieron a manos de fuerzas nicaragüenses durante las protestas antigubernamentales de 2018 yacen en el suelo durante una marcha de nicaragüenses exiliados en Costa Rica, realizada para protestar contra las elecciones presidenciales en Nicaragua, en San José, Costa Rica, el 7 de noviembre de 2021.
La represión ha ido acompañada de un amplio desmantelamiento de la sociedad civil. Desde 2018, el Gobierno ha ordenado el cierre de más de 5.000 organizaciones, en su mayoría religiosas, y miles de personas han abandonado el país para escapar de la persecución.
Los expertos también alertan de una red transnacional de vigilancia que, según Brody, "monitorea, intimida y ataca a cientos de miles de nicaragüenses" que viven en el extranjero. El alcance de estas prácticas, sostiene el grupo, va más allá de las fronteras nacionales y afecta a quienes han buscado refugio fuera de Nicaragua.
Ortega y Murillo se han mantenido en el poder desde las protestas multitudinarias de 2018, que fueron reprimidas violentamente por las fuerzas gubernamentales y dejaron cientos de muertos. Desde entonces, las autoridades han encarcelado o forzado al exilio a opositores políticos, dirigentes religiosos, periodistas y otros críticos.
"No quedan partidos de oposición, no hay prensa independiente dentro del país"
La consolidación del poder también se ha reflejado en las elecciones presidenciales de 2021. Ortega se proclamó vencedor de unos comicios ampliamente cuestionados por la comunidad internacional, después de que fueran encarcelados los principales candidatos que podían disputarle la presidencia. Estados Unidos no reconoce su mandato.
Archivo: disidentes nicaragüenses marchan en protesta contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en San José, Costa Rica, el 20 de enero de 2019.
Reed Brody, miembro del grupo de expertos y abogado especializado en derechos humanos, afirmó que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido gobernante, ejerce un «control absoluto» sobre la policía, los tribunales y las prisiones. Según Brody, una reforma constitucional aprobada el año pasado consolidó el control de Ortega y Murillo sobre los poderes legislativo y judicial, eliminando las garantías de independencia institucional.
"No quedan partidos de oposición, no hay prensa independiente dentro del país, no hay organizaciones no gubernamentales que sean críticas", afirmó Brody. "Simplemente no queda espacio para que nadie discrepe".
El Gobierno nicaragüense rechazó las conclusiones de los expertos y arremetió contra el Consejo de Derechos Humanos, organismo del que el país se ha retirado.
Las autoridades lo calificaron de "manipulado, obsoleto e injerencista" y acusaron a las "potencias neocolonialistas" de utilizar los derechos humanos como instrumento de "agresión política".
Managua suele presentar las críticas internacionales y las denuncias de la oposición como parte de maniobras impulsadas por Estados Unidos y otros adversarios para debilitar al Gobierno.
Esta posición contrasta con las conclusiones del grupo de expertos, que basa sus señalamientos en la investigación sobre los abusos denunciados desde 2018.
Ante la gravedad de los hechos documentados, el grupo de la ONU instó a otros países a presentar un caso contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de Naciones Unidas. La iniciativa estaría relacionada con presuntas violaciones de los convenios internacionales sobre las personas apátridas.
La recomendación busca abrir una vía de responsabilidad internacional por las medidas de privación de nacionalidad y otras prácticas señaladas en el informe. La CIJ resuelve controversias jurídicas entre Estados, por lo que esta vía es distinta de un proceso penal contra dirigentes individuales.
This handout picture released by Nicaragua's government via the official El 19 Digital news outlet shows Nicaragua's President Daniel Ortega waving next to wife and co-President Rosario Murillo during an event to commemorate the 47th anniversary of the Nicaraguan Revolution in Managua, on July 19, 2026.Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP338Esta imagen, facilitada por el gobierno de Nicaragua a través del medio oficial «El 19 Digital», muestra al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludando junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, durante un acto conmemorativo del 47.º aniversario de la Revolución Nicaragüense en Managua, el 19 de julio de 2026.
Nicaragua no forma parte de la Corte Penal Internacional (CPI), que juzga a personas por delitos como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad bajo las condiciones establecidas en su Estatuto. Por ello, la posible responsabilidad penal individual de Ortega y Murillo y las vías jurídicas para exigirla constituyen una cuestión distinta de la iniciativa planteada ante la CIJ.
Las conclusiones del grupo de expertos representan una nueva denuncia internacional contra el Gobierno nicaragüense y sitúan en el centro del debate la persecución de la disidencia, el desmantelamiento de las instituciones independientes y el uso de la nacionalidad como mecanismo de castigo político.
Con AP
