Tan solo tres días después de jurar como presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella se vio inmerso en su primera prueba de fuego como mandatario tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte del país, pero causó víctimas mortales, heridos y graves daños materiales en varias regiones del occidente. El sismo deja al menos 224 fallecidos, según las autoridades locales —184 según el balance del Ejecutivo central—.
"Necesitamos muy pronto la evaluación de daños y el análisis de necesidades. Va a ser un desafío muy grande para el nuevo Gobierno que entra", destacó a France 24 Carlos Alberto Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres colombiana (UNGRD).
Durante los primeros días, las autoridades se centrarán en la tarea urgente de buscar vida bajo los escombros y socorrer a quienes perdieron sus viviendas. Para ello, se han activado los grupos USAR —Urban Search and Rescue, o Búsqueda y Rescate Urbano— que "son fundamentales en las primeras 72 horas para encontrar la mayor cantidad de personas con vida que puedan estar atrapadas bajo las estructuras colapsadas", en palabras de Carrillo.
Una vez ejecutada la fase más urgente, el país enfrentará la reconstrucción, una tarea en la que deberán alinearse la Administración central con los gobiernos regionales y locales. Al menos 1.500 viviendas resultaron afectadas, según el reporte del lunes del presidente.
En ese sentido, Carrillo remarcó que, "desde el año 2012, Colombia cuenta con un sistema nacional de gestión del riesgo que integra las capacidades de los distintos niveles de gobierno", lo que ha dotado al país de "capacidades robustas" para enfrentar una emergencia como la actual.
En suma, la existencia de una "Defensa Civil colombiana con larga tradición", de unidades militares especializadas y de la presencia arraigada de la Cruz Roja refuerza la capacidad de respuesta estatal ante los desastres naturales.
No obstante, el trabajo de los organismos de emergencias y autoridades debería ser reforzado por "la solidaridad" entre ciudadanos, instó Carrillo, antes de describir "una sociedad hiperpolarizada" debido a "la reciente elección del ultraderechista Abelardo de la Espriella".
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La primera reacción del Gobierno colombiano tras el terremoto fue declarar la emergencia nacional, un mecanismo constitucional que permite al Gobierno adoptar medidas excepcionales en coyunturas complejas, como la redistribución de los recursos del Estado inutilizados o en otras partidas presupuestarias. Además, le permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley por hasta 60 días.
En paralelo, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró desde Quibdó, la capital del Chocó —el departamento donde se situó el epicentro del sismo—, que "se implementarán subsidios temporales de arriendo para las familias cuyas viviendas resultaron afectadas". Unas 1.136 viviendas quedaron destruidas, 48 edificios colapsados, 8.357 viviendas averiadas, según el último parte del Ejecutivo.
El mandatario cambiará en plena emergencia al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava, por David Santiago Tamayo. Tras la suspensión de la transición de poder con el anterior gobierno de Gustavo Petro, la nueva Administración decidió mantener a Pava como el encargado de la entidad durante las primeras horas de la emergencia.
El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante su posesión en Cali (Colombia), el 7 de agosto de 2026.
En Pereira, una de las capitales del eje cafetero golpeadas por el sismo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció la instalación de un hospital de campaña y la movilización de carrotanques, plantas eléctricas, insumos hospitalarios y combustible. Además, se espera la llegada de 65 rescatistas bomberos provenientes del departamento de Antioquia y dos pelotones de atención de desastres del Ejército.
De la Espriella también se dirigió a Pereira, otra de las ciudades más afectadas, para reunirse con las autoridades locales y coordinar la respuesta al terremoto, mientras que el vicepresidente, José Manuel Restrepo, se desplazará a Manizales.
A finales de la década de los 90, el Congreso colombiano aprobó la Ley 400, un marco legal para la construcción de edificaciones que permitía actualizaciones periódicas sin tener que volver al legislativo. Bajo este parámetro, nació en 2010 la norma actual, conocida como NSR-10, que estipula criterios específicos para la construcción, según el lugar y el uso de la propiedad.
Esta legislación divide al territorio nacional en una escala de tres niveles de amenaza sísmica, que determina la complejidad de los requisitos para edificar. En el nivel de riesgo más alto están ciudades como Manizales, Armenia, Pereira, Cali, Bucaramanga y Pasto, mientras que en la intermedia están Bogotá y Medellín.
"La norma sismorresistente en Colombia es muy robusta y buena"
En paralelo, algunas infraestructuras como hospitales, estaciones de bomberos o plantas eléctricas, consideradas "edificaciones indispensables" (Grupo IV), deben cumplir requisitos adicionales de seguridad antisísmica.
Los colegios y centros de atención comunitaria (Grupo III) también deben respetar exigencias superiores a las solicitadas para un proyecto inmobiliario residencial.
"La norma sismorresistente en Colombia es muy robusta y buena", señaló a France 24 Gina Villalobos, ingeniera civil y PhD en Ciencias de la Tierra y Sismología, quien aseguró que "si las empresas se acogen a esta norma, resultarían estructuras muy seguras".
En la misma línea, la Ley 400 de 1997 expone que "una edificación diseñada siguiendo los requisitos consagrados en las normas que regulan las construcciones sismorresistentes debe ser capaz de resistir, además de las fuerzas que le impone su uso, temblores de poca intensidad sin daño, temblores moderados sin daño estructural, pero posiblemente con algún daño en elementos no estructurales y un temblor fuerte con daños a elementos estructurales y no estructurales, pero sin colapso".
En este contexto, emergen como un riesgo las edificaciones levantadas antes de la aprobación de la legislación vigente o las construcciones informales. Al menos el 52 % de los edificios del país fueron levantados previamente a la expedición del NSR-10, según una estimación de 2023 del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura.
Además, tres de cada cinco viviendas constituyen una obra informal, es decir, levantadas sin licencia de construcción, según la misma entidad.
Pese a que Colombia tiene una de las normativas más estrictas de la región, la ingeniera Villalobos apuntó que la tragedia evidenció la necesidad de mejorar las capacidades "en educación ciudadana y en mitigación de riesgos en áreas urbanas y rurales con peligro sísmico alto".
Finalmente, la experta explicó que los recientes terremotos en Venezuela, México y Colombia no están relacionados entre sí.
"Los sismos de Venezuela pertenecen a la interacción entre la placa Suramericana y la placa del Caribe, mientras que el sismo de Colombia es una interacción entre la placa de Nazca y la placa de Suramérica, entonces son mecanismos completamente diferentes que no están relacionados", detalló la ingeniera civil, antes de concluir: "Que ocurran en un espacio temporal más o menos cercano no puede reflejarse como una correlación entre ellos".
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Con Reuters, EFE y medios locales
