México se abstuvo de votar sobre la convocatoria a una reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para abordar la situación de Nicaragua, debido a que considera que la crisis política y de derechos humanos en ese país no constituye una amenaza para la paz o la seguridad regional, afirmó Alejandro Encinas, representante permanente de México ante el organismo.
Durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA celebrada este miércoles, Encinas explicó que la posición mexicana responde a los principios de política exterior establecidos en la Constitución, entre ellos la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias y el respeto a los derechos humanos.
El Consejo Permanente aprobó, con 29 votos a favor y uno en contra de Brasil, la propuesta de Estados Unidos para convocar a una reunión de cancilleres con el objetivo de debatir posibles acciones frente al plan del gobierno de Nicaragua para excluir a la oposición de las elecciones.
Lee: Borrados y en el exilio: la diáspora nicaragüense pide ayuda a México
La reunión extraordinaria, cuya fecha aún no está definida, fue impulsada por Estados Unidos después de que el 5 de agosto no se obtuvieran los apoyos necesarios para convocarla. Washington llamó posteriormente a la OEA a adoptar "acciones reales" frente al gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, aunque no especificó qué tipo de medidas deberían tomarse.
Ante el Consejo Permanente, Encinas señaló que México ha seguido la evolución de la situación política y de derechos humanos en Nicaragua y ha expresado su posición al respecto, al tiempo que reiteró el compromiso del país con la promoción, protección y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Sin embargo, sostuvo que México no considera adecuado caracterizar la situación interna de Nicaragua como una amenaza a la paz o a la seguridad regional. Advirtió que hacerlo podría abrir la posibilidad de impulsar acciones que excedan las facultades de la OEA y que sean incompatibles con los principios de soberanía, autodeterminación y no intervención.
"Una caracterización en ese sentido podría abrir espacios para plantear acciones que excedan las facultades de esta organización al abordar asuntos internos de un Estado y que podrían resultar incompatibles con los principios de respeto a la soberanía, autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de las controversias, consagrados en la Carta de la OEA, en la Carta de las Naciones Unidas y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos", afirmó.
Foto: AFP
Encinas sostuvo que la experiencia regional muestra que considerar una crisis política interna como un asunto de seguridad no necesariamente contribuye a resolverla. Por el contrario, dijo, puede generar confrontación, profundizar el aislamiento y conducir a medidas que dificulten una solución pacífica y produzcan una mayor desestabilización.
El representante mexicano señaló que una discusión de ese tipo podría desplazar el proceso de la búsqueda de soluciones pacíficas y diplomáticas hacia un enfoque centrado en la seguridad, pese a que México considera que la situación debe abordarse principalmente desde las dimensiones política y de derechos humanos.
"Por ello, no compartimos que se convoque una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores sobre la situación en Nicaragua, sin tener claridad sobre cuáles podrían ser las acciones apropiadas a las que se refieren y sin haber llevado a cabo un proceso previo de consultas y análisis sobre dichas acciones", dijo Encinas.
La decisión del Consejo Permanente se produjo mientras Nicaragua se encamina a una reforma constitucional que, de acuerdo con la información discutida en la OEA, busca excluir a adversarios políticos de los comicios y establecer un mandato presidencial de siete años renovables.
También lee: Nicaragua: Ortega impulsa ampliar su mandato a 7 años renovables
El gobierno de Ortega y Murillo mantiene el control político de Nicaragua después de las protestas de 2018, cuya represión dejó alrededor de 350 muertos según Naciones Unidas y provocó la salida al exilio de cientos de miles de personas. En 2021, el gobierno encarceló a candidatos presidenciales que eran considerados con posibilidades de competir contra Ortega y posteriormente los desterró y despojó de su ciudadanía, al igual que a cientos de activistas, periodistas, intelectuales, sacerdotes y defensores de derechos humanos.
La reunión de cancilleres fue aprobada después de que Estados Unidos cuestionara que las condenas emitidas anteriormente por la OEA hayan derivado en acciones institucionales frente al gobierno nicaragüense. El organismo ha celebrado en los últimos años decenas de sesiones sobre Nicaragua que concluyeron con comunicados de condena.
La posibilidad de que una reunión de cancilleres derive en nuevas medidas frente al gobierno de Ortega y Murillo también fue parte del contexto de la discusión. Entre las acciones que podrían plantearse se encuentra la modificación de los vínculos diplomáticos o la presión económica, aunque Estados Unidos no precisó qué medidas busca impulsar.
Foto: AFP
Nicaragua, por su parte, se retiró de la OEA en noviembre de 2023, por lo que una eventual expulsión del organismo no sería aplicable en los mismos términos que ocurrió con Cuba en 1962.
Tras la votación, la decisión fue respaldada por sectores de la oposición nicaragüense en el exilio. Juan Sebastián Chamorro, exprecandidato presidencial y ex preso político, la calificó como una "apabullante victoria de la democracia en Nicaragua". Mientras tanto, Rosario Murillo criticó a los opositores y los calificó de "mercenarios", "traidores" y "cobardes".
Con información de AFP.
