Un allanamiento en la zona urbana de Popayán terminó por confirmar una de las preocupaciones más grandes que tenían las agencias de seguridad: que los grupos criminales colombianos habían incorporado a su arsenal una innovación letal, los drones kamikazes.
Las sospechas surgieron por dos ataques perpetrados contra el cantón militar José Hilario López, en la capital de Cauca, el 25 de abril y el 17 de julio de 2026.
En dichos atentados, los sistemas inhibidores de señal evitaron que los artefactos alcanzaran una edificación y un helicóptero estacionado, obligándolos a aterrizar.
Los drones fueron incautados, pero al observarlos, tenían una característica diferente a los aparatos decomisados en el pasado.
No traían los sistemas de pinzas para lanzar granadas de mortero desde el aire, sino que les habían adaptado los explosivos al armazón de la máquina, convirtiéndola en una bomba voladora, un auténtico misil artesanal.
La situación generó una burbuja de Inteligencia, en la cual participaron agentes de la Policía, el Ejército y la Fiscalía, buscando esclarecer quiénes estaban detrás de esa invención criminal.
Las pesquisas determinaron que el ataque fue patrocinado por el frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc de Néstor Vera ("Iván Mordisco").
La misión de ejecutarlo le fue encargada a una de sus milicias clandestinas, autodenominada "Comisión Jenny Lara", en honor a una amante de Vera asesinada en un ajuste de cuentas interno.
Los milicianos arrendaron un apartamento en Popayán y compraron varios drones comerciales del tipo FPV, a los cuales les acondicionaron sistemas de transmisión por fibra óptica y explosivos.
El responsable de operarlo sería Fabián Andrés Tumbo Ulcué ("Michael"), un supuesto integrante de la célula entrenado como piloto de estos aparatos.
Después de los fallidos atentados, fue capturado junto a dos camaradas, Leonardo García Ramírez ("Toche") y Yeli Usnas Campo, a quienes la Fiscalía les imputó cargos por terrorismo, concierto para delinquir y tráfico de explosivos.
En los allanamientos les encontraron un par de drones kamikaze, dos carretes de fibra óptica de 5 km cada uno y un detonador a distancia, según el Ejército.
Con esta tecnología artesanal los terroristas colombianos están emulando, con escasos recursos, las municiones merodeadoras que protagonizan los conflictos bélicos en Ucrania, Rusia y Medio Oriente. Los drones kamikazes más famosos son los Shahed, de fabricación iraní, avaluados en 20.000 dólares, con los que ese régimen islámico se está enfrentando a EE.UU. e Israel en el estrecho de Ormuz.
"Estamos muy preocupados con eso que encontramos en Popayán, porque ahora ellos tienen un arma mucho más precisa", indicó un oficial de Inteligencia a EL COLOMBIANO.
"Los drones que tiran las granadas de mortero son imprecisos, por eso fallan muchas veces en los ataques a las guarniciones, y a veces el explosivo cae en las casas vecinas, porque es difícil controlar dónde caerá por factores como el viento, la pericia del piloto, la niebla o la copa de los árboles", continuó la fuente, que solicitó la reserva de su identidad.
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"Pero con estos drones kamikazes, el piloto tiene más control del blanco, puede estrellarlo directamente contra un objetivo, tanto en tierra como en aire o agua, lo que pone en riesgo los helicópteros y los barcos, por ejemplo. Es como si tuvieran una pistola con hélices", concluyó.
El uso de drones por parte de los criminales en Colombia ha evolucionado de manera acelerada, en especial por las innovaciones artesanales incorporadas por el EMC y el ELN.
Un correo interceptado por la Inteligencia Militar a "Iván Mordisco" el 29 de enero de 2018, reveló que desde ese entonces los terroristas ya estaban fraguando su implementación.
"Los muchachos que tienen en Bogotá, pregúnteles qué condiciones hay para colocar bombas (...), buscando un golpe de resonancia ojalá en barrios donde anda la oligarquía. Que miren la posibilidad de comprar un avión no tripulado que tenga la capacidad para 25 kilos, a ver si podemos comenzar algunas asiones (sic) en las grandes ciudades (...). Sin más, Iván", les escribió a unos subalternos.
Entre 2020 y 2021, en la pandemia de covid-19, la Fuerza Pública le decomisó los primeros drones al EMC. Los usaba "Cabuyo", el cabecilla del frente 36, para hacer vigilancia de su fortín en el cañón de San Pablo, al norte de Antioquia.
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En 2023 empezaron a hacer pruebas con lanzamientos de granadas de mortero desde estos aparatos, en una escuela de explosivistas en la región de El Naya. Usaban pinzas improvisadas, que se abrían con un control remoto para liberar la bomba.
Los atentados iniciaron en enero de 2024, contra guarniciones y pelotones de soldados que se movían a campo abierto, a plena luz del día.
El 20 de julio de 2025 se registró otro avance: por primera vez, un ataque nocturno, usando un dron comercial equipado con cámaras infrarrojas y sensores de calor.
El blanco fue un escuadrón del Batallón Energético y Vial N°10, que se desplazaba aprovechando la cobertura de la oscuridad en el municipio de El Carmen, Norte de Santander. El atentado fue ejecutado por el ELN, y cuando la granada cayó del cielo, mató a tres militares y dejó ocho heridos.
La siguiente implementación fue la adaptación de sistemas de transmisión por fibra óptica, los cuales impiden la acción de varias de las máquinas inhibidoras de señal que usa la Fuerza Pública.
El ELN aplicó esta técnica en el ataque del 12 de febrero de 2026 contra el cantón militar San Jorge, en Saravena, Arauca, que dejó dos soldados lesionados.
Aunque la base estaba equipada con sistemas electrónicos para neutralizar la radiofrecuencia que opera los drones, este desplegó un carrete de fibra óptica, como si fuera el hilo de una cometa, y burló la contramedida.
Semanas después el país conoció otra evolución de estos sistemas, con un par de ataques en la modalidad de enjambre,es decir, varios drones coordinados por software en una misma acción, para impactar distintos objetivos al tiempo.
Uno de ellos fue el 10 de febrero de 2026 en el corregimiento de Timba, en Jamundí (Valle), durante un enfrentamiento entre tropas de la Tercera División y el frente Jaime Martínez del EMC; dos soldados quedaron heridos, en medio de la lluvia de granadas lanzadas por más de 10 drones.
El otro atentado empleó tres drones coordinados, el 30 de junio pasado, y dejó un militar herido en Bolívar, Cauca.
Para adaptarles los dispositivos anexos al dron, como los carretes de fibra óptica y las pinzas portagranadas, los delincuentes se valen de armeros que fabrican las piezas manualmente en talleres de metalmecánica; sin embargo, en algunos aparatos decomisados los investigadores también han encontrado partes de plástico creadas con impresoras 3D.
Antes de que los terroristas locales desarrollaran la estrategia de los drones, la Fuerza Pública colombiana usaba esas máquinas para tareas de reconocimiento y medición del clima, principalmente, pero a partir del escalamiento del conflicto tocó implementar capacidades más letales.
La primera fue el Dron de Reconocimiento y Ataque Guiado para Operaciones Militares (DRAGOM), creado por la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC S.A.) con mano de obra nacional.
La máquina fue presentada en la Feria Aeronáutica F-AIR 2025, donde se destacaron varios de sus atributos: lanzamiento de granadas de mortero, autonomía de vuelo de 90 minutos, capacidad de transporte de elementos de apoyo logístico para las tropas y transmisión de datos de alta fidelidad en tiempo real.
Y tras la llegada al poder de Abelardo de la Espriella, se firmó un convenio de cooperación militar con EE.UU. para que ese país suministre, en calidad de préstamo, tres drones MQ-9A Reaper (ver infografía).
Este vehículo no tripulado mide 11 metros de largo por 20 de envergadura, cuenta con autonomía de 27 horas, velocidad superior a 450 kilómetros por hora y capacidad para disparar misiles, lo que lo convierte en uno de las más peligrosos del mundo.
¿Qué seguirá después, en esta guerra por ver quién tiene las máquinas más mortíferas en el cielo colombiano?
Preguntas y respuestas
