El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara una serie de cambios al sistema pensional, entre ellos la derogatoria del decreto que obliga actualmente a los fondos privados de pensiones a mantener la mayor parte del ahorro de sus afiliados invertido en Colombia y no en el exterior, según reportó Blu Radio.
La medida había sido adoptada por el Gobierno anterior con el propósito de forzar el regreso al país de unos $125 billones en cinco años. Aunque todavía no se habían repatriado todos los recursos, la sola expectativa de su retorno fue señalada como uno de los factores que estarían incidiendo en la caída del precio del dólar, de acuerdo con el análisis del Banco de la República.
El decreto generó una fuerte polémica y terminó con la salida de la entonces directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), Mónica Higuera, quien había advertido al Gobierno que traer recursos al país únicamente para cumplir con la medida podía perjudicar los intereses de los afiliados.
La derogatoria del decreto sobre las inversiones de los fondos privados no sería el único cambio que prepara la nueva administración. De acuerdo con información conocida por Blu Radio, el Gobierno también analiza reversar otras dos decisiones polémicas de la administración anterior.
Una de ellas está relacionada con el pago incompleto del seguro destinado a cubrir el llamado deslizamiento del salario mínimo, mientras que la otra corresponde a la obligación impuesta a los fondos privados de pensiones para entregar hasta $25 billones de los ahorros de afiliados que se trasladaron a Colpensiones como consecuencia del traslado exprés avalado en la reforma pensional.
Según la versión periodística el Gobierno nacional estudia restablecer la protección del sistema pensional frente al deslizamiento del salario mínimo, mecanismo que busca cubrir la diferencia entre la inflación y el incremento del salario mínimo.
Según la información conocida por Blu Radio, la decisión adoptada anteriormente llevó al Gobierno a transferir menos recursos de los necesarios para cubrir esa diferencia, precisamente durante los años en que la brecha entre inflación y aumento del salario mínimo fue más alta.
Como consecuencia, se encareció el valor de la pensión mínima y se puso en riesgo el funcionamiento del seguro previsional, de acuerdo con las consideraciones que están siendo revisadas por la nueva administración.
El Ministerio de Hacienda está evaluando las distintas peticiones formuladas por el sector empresarial para determinar cuáles asuntos deben convertirse en prioridades de la agenda económica. Esta revisión avanza de manera paralela a la discusión del Presupuesto General de la Nación del próximo año y al plan de recortes que prepara el Gobierno.
La eventual derogatoria de las medidas relacionadas con el ahorro pensional se suma así a una agenda más amplia de ajustes que busca revisar decisiones adoptadas durante la administración anterior y sus efectos sobre los afiliados, los fondos privados de pensiones y las finanzas públicas.
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