Una mujer colombiana que asegura haber mantenido una relación íntima durante cinco años con el expresidente Gustavo Petro lo acusó de utilizar contratos estatales para obtener favores sexuales de decenas de mujeres, señalamientos que el exmandatario rechaza categóricamente y atribuye a una campaña política destinada a exponer su vida privada.
Las acusaciones, detalladas en una investigación de la revista colombiana Semana, han desatado una creciente controversia política y judicial que incluye denuncias de consumo de cocaína, encuentros sexuales privados e intimidación de mujeres que presuntamente fueron recompensadas con contratos gubernamentales.
Deicy Jiménez, quien afirma que comenzó una relación con Petro en 2019, sostiene que el exmandatario la ayudó a conseguir contratos con varias instituciones públicas y que entre 30 y 40 mujeres más se beneficiaron de arreglos similares.
"Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante", declaró Petro en un comunicado publicado el 25 de octubre en su cuenta de X.
El expresidente acusó al gobierno de Abelardo de la Espriella de estar detrás de lo que describió como una operación política, presuntamente financiada, para investigar y divulgar aspectos de su vida íntima. Según Petro, la ofensiva comenzó después de que sus adversarios no lograran encontrar pruebas de corrupción o narcotráfico en su contra. No presentó pruebas que demostraran la participación del gobierno en esa supuesta operación.
La controversia se intensificó esta semana después de que Jiménez difundiera un video en el que aparecen ambos abrazándose, besándose y conversando. Petro reiteró su negativa en un mensaje publicado en X a última hora del miércoles y sostuvo que la grabación no había sido examinada por peritos ni valorada por un juez y que no ofrecía pruebas de corrupción.
"Lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno", escribió Petro en referencia al video. "Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte, no a los titulares".
Aunque la grabación, de confirmarse su autenticidad, podría respaldar el relato de Jiménez sobre una relación personal con Petro, no demuestra por sí sola su principal acusación: que se otorgaron contratos públicos a cambio de favores sexuales.
Jiménez contó a Semana que conoció a Petro a través de una página web para adultos en 2019, cuando él era senador y había perdido las elecciones presidenciales de Colombia de 2018.
Según su relato, intercambiaron información de contacto y posteriormente se encontraron en un hotel de Cali, donde comenzó su relación íntima. Aproximadamente un mes después, ella se trasladó a Bogotá.
Jiménez afirmó que Petro comenzó a ayudarla a conseguir contratos con entidades públicas, proporcionándole lo que describió como apoyo económico mediante oportunidades laborales, en lugar de entregarle dinero regularmente.
"Sí, empieza a ayudarme con contratos, nunca me dio dinero", declaró a la periodista Vicky Dávila, quien realizó la entrevista.
La afirmación se refería a los arreglos económicos relacionados con su presunta relación. En otro momento de la misma entrevista, Jiménez aseguró que Petro le había entregado dinero en efectivo para comprar cocaína, una acusación que no ha sido corroborada de manera independiente.
La mujer identificó contratos vinculados al despacho de la entonces senadora María José Pizarro, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia y el Ministerio del Interior.
Semana informó haber encontrado contratos estatales adjudicados a Jiménez, incluidos acuerdos con instituciones públicas. Sin embargo, esos registros no demuestran que los contratos fueran otorgados a cambio de favores sexuales.
Jiménez afirmó que Pizarro sabía que Petro la había recomendado. También dijo que el exministro del Interior Armando Benedetti estaba al tanto de esa recomendación, aunque reconoció que nunca había hablado con él sobre su presunta relación íntima con Petro.
Su testimonio no demuestra que ninguno de los dos funcionarios conociera o participara en un intercambio indebido.
Durante la entrevista, Dávila preguntó a Jiménez si había mantenido relaciones sexuales con Petro.
"Sí", respondió Jiménez.
"¿A cambio de esos contratos?", preguntó Dávila.
"Sí, claro", contestó Jiménez.
La mujer describió el supuesto arreglo como un abuso de poder y sostuvo que los contratos estatales se habían convertido en un mecanismo para obtener acceso sexual a mujeres y mantenerlas económicamente dependientes del expresidente.
Petro ha defendido los programas gubernamentales destinados a ayudar a mujeres vulnerables, incluidas las trabajadoras sexuales, e insiste en que esas iniciativas no deben confundirse con el supuesto intercambio de contratos por favores sexuales.
Jiménez aseguró que su experiencia formaba parte de un esquema mucho más amplio en el que participaban entre 30 y 40 mujeres.
Las describió como mujeres generalmente jóvenes y, en algunos casos, económicamente vulnerables. Según su relato, varias recibieron contratos o puestos en instituciones como la Presidencia, el Congreso y la Superintendencia de Salud.
De acuerdo con Jiménez, algunas participaron en encuentros privados con Petro y posteriormente se beneficiaron de empleos gubernamentales.
También denunció que algunas mujeres amenazaron con revelar información comprometedora sobre el expresidente, mientras que otras habrían sido intimidadas para que guardaran silencio.
Jiménez reconoció que Petro nunca la había amenazado directamente de muerte. Sin embargo, dijo haberse sentido intimidada por su comportamiento y por comentarios que sugerían que podría enfrentar problemas si iniciaba otra relación sentimental.
La controversia también ha llamado la atención de funcionarios del actual gobierno colombiano.
Carlos Andrés Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, declaró ante el Congreso que 48 mujeres habrían sido explotadas mediante contratos de prestación de servicios durante el gobierno de Petro.
Acusó al expresidente de utilizar esos mecanismos para ejercer control sobre las mujeres y afirmó que el gobierno tenía previsto presentar sus denuncias ante las autoridades judiciales.
Sin embargo, Mary Luz Herrán, exesposa de Petro, ofreció una explicación diferente.
En una entrevista reseñada por Semana, Herrán reconoció la existencia de un grupo de 48 mujeres, pero sostuvo que habían participado en un programa gubernamental destinado a mejorar sus condiciones económicas y brindarles nuevas oportunidades.
No está claro si las 48 mujeres mencionadas por Ríos forman parte del grupo descrito por Jiménez o si las denuncias se refieren a grupos diferentes. Ninguno de los dos relatos demuestra que se hayan adjudicado contratos públicos de manera irregular.
Petro, por su parte, ha defendido a las mujeres que trabajaron en su administración.
"Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme", escribió en su respuesta a la difusión del video.
Jiménez también acusó a Petro de consumir cocaína durante encuentros privados y aseguró que, en algunas ocasiones, él proporcionaba la droga y, en otras, le pedía que la consiguiera.
En una de sus acusaciones más graves, afirmó que Petro le entregó tres millones de pesos colombianos en efectivo para comprar cocaína, que posteriormente transportó a bordo de un vuelo comercial.
Dijo que fotografió paquetes de sustancias que Petro presuntamente había dejado en su poder porque quería conservar pruebas de sus encuentros.
Jiménez también describió reuniones que se prolongaban durante varios días, en ocasiones en hoteles o residencias privadas, y aseguró que integrantes del equipo de seguridad de Petro estaban al tanto de esas actividades.
Además, sostuvo que consumir cocaína era en ocasiones una condición para acompañar a Petro durante esos encuentros.
Los materiales examinados para este artículo no permiten corroborar de manera independiente esas acusaciones. Las declaraciones públicas de Petro identificadas en la cobertura disponible no responden específicamente a los señalamientos sobre la supuesta compra o el transporte de cocaína.
La controversia ha trascendido las páginas de Semana y ha llegado al sistema judicial colombiano.
Según la revista, Jiménez ha declarado ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia sobre sus acusaciones y ha aportado materiales que, según ella, las respaldan, incluidos mensajes, grabaciones e información sobre contratos estatales.
La Fiscalía General de la Nación también ha intentado interrogarla, aunque una diligencia programada fue aplazada. La información disponible no establece que Petro haya sido acusado formalmente en relación con estas denuncias.
El exabogado de Jiménez, Andrés Felipe Caballero, anunció el 3 de noviembre que renunciaba a representarla por motivos de seguridad.
"Me aparto por motivos de seguridad personal", escribió Caballero en X.
El abogado aclaró que su decisión no significaba que retirara su respaldo al relato de Jiménez. En su declaración, afirmó estar más convencido que nunca de que ella decía la verdad y destacó la importancia de permitir que tanto Jiménez como otras posibles testigos declararan y aportaran pruebas.
Su renuncia también alteró una comparecencia programada de Jiménez ante la Fiscalía General de la Nación, según informaron medios colombianos.
Petro criticó la divulgación de información procedente de actuaciones judiciales que, según sostuvo, estaban sujetas a reserva.
En su respuesta al video, el expresidente argumentó que la grabación debía ser evaluada por los tribunales y no a través de la cobertura mediática. Afirmó que respetaría la reserva del proceso judicial y que no respondería mediante un video lo que debía contestar dentro de un expediente.
Petro también pidió protección para Jiménez y otras personas involucradas en el caso, al tiempo que acusó a sus adversarios políticos de utilizar imágenes íntimas para desviar la atención de otras controversias gubernamentales.
El expresidente no ha ofrecido públicamente una explicación detallada de su presunta relación con Jiménez en las declaraciones examinadas para este artículo.
Entretanto, Jiménez se reunió en Bogotá con Angie Rodríguez, una exfuncionaria de alto rango del gobierno de Petro que lo ha acusado por separado de maltrato, presiones y otras irregularidades.
Según Semana, ambas mujeres conversaron sobre la posibilidad de coordinar sus estrategias legales.
La posibilidad de que Petro haya mantenido una relación privada con Jiménez es solo una parte de la controversia. La cuestión que ahora enfrentan las autoridades colombianas es determinar si se utilizaron indebidamente contratos estatales para obtener favores sexuales o silenciar a mujeres, acusaciones que el expresidente ha rechazado categóricamente.
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