La Paz, 5 oct (EFE).- El Gobierno del presidente Rodrigo Paz reconoció a José Armando Urioste como fiscal general interino de Bolivia, quien ejercerá el cargo durante 90 días, tras la destitución y encarcelamiento de Roger Mariaca, señalado por el Ejecutivo de supuestamente liderar una organización criminal para proteger al "narcoterrorismo".
El reconocimiento del Gobierno sobre la decisión que asumió el Parlamento se efectuó en el antiguo Palacio de Gobierno, en La Paz, aunque el presidente aclaró que no fue un acto de posesión, puesto que esto le corresponde al vicepresidente del país y presidente del Legislativo, Edmand Lara.
El gobernante mencionó que Urioste tiene "varios desafíos", como "recuperar la institucionalidad" en el Ministerio Público y "recuperar la credibilidad" de los ciudadanos para que las investigaciones puedan efectuarse sin "influencias".
También dijo que la Fiscalía no debe usarse para "perseguir" a nadie, sino que tiene que proceder con "independencia" del Gobierno, partidos políticos, intereses económicos o la presión de las organizaciones criminales y que se deberá "iniciar una transición" para una futura "transformación" del sistema judicial.
Por su parte, Urioste consideró que su nombramiento transitorio por el Parlamento marca "un punto de inflexión" ante un Ministerio Público "corrupto" y "manchado por la delincuencia".
En un contacto previo con los medios, Urioste afirmó que su llegada a la Fiscalía no será para realizar una "cacería de brujas", por lo que quien no cometió delitos no debe preocuparse por las investigaciones que prevé llevar adelante en la institución.
En una sesión instalada cerca de la medianoche del viernes, el Legislativo destituyó a Roger Mariaca y, después de varias horas de deliberación, eligió en la madrugada del sábado a Urioste como fiscal general interino.
La Vicepresidencia de Bolivia indicó este lunes en un comunicado que analiza el procedimiento que siguió el Legislativo para la elección de Urioste, efectuada en ausencia de Lara, declarado opositor al Gobierno y que se encontraba en España en un evento internacional.
Mariaca fue detenido el miércoles, dos días después de que el Gobierno de EE.UU. lo incluyera en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándolos de ser "corruptos" y de "socavar Gobiernos elegidos democráticamente".
Su destitución fue posible tras la aprobación de una reforma que incorporó a la Ley de Organización del Ministerio Público un mecanismo para la "suspensión definitiva" del fiscal general cuando "se encuentre imputado formalmente y/o sujeto a una medida cautelar personal por delitos sancionables" con cárcel.
El exfiscal general compareció el fin de semana en audiencias que definieron su detención preventiva por 180 días en una cárcel en la región andina de Potosí, por dos causas abiertas en su contra, una por supuesta organización criminal y tráfico ilícito de sustancias controladas y la segunda por presunta legitimación de ganancias ilícitas.
El Gobierno sostiene que Mariaca tenía "antecedentes" de protección a la organización del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset antes de asumir como fiscal general en octubre de 2024.
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