¿Importa el mensaje o el mensajero? Una baja de calificación a la deuda soberana es una señal de alerta. HR Ratings acaba de emitirla. Pone la deuda de largo plazo del Gobierno de México en el nivel HR BBB. Todavía en grado de inversión, pero en la orilla. Una baja más y nos vamos a la segunda división. "Hay un deterioro en los principales balances de las finanzas públicas", dice el comunicado de la calificadora. Advierte también que hay "una revisión a la baja de la trayectoria de crecimiento económico". Pone el PIB en 1.5% anual para los próximos años, necesitaríamos crecer 2.5%, mínimo.
La nota que justifica la decisión de la agencia calificadora consta de seis páginas. Incluye frases de cortesía del tipo "reconocemos el esfuerzo de la Secretaría de Hacienda de contener el déficit del sector público desde el histórico nivel alcanzado en el 2024". Lo más importante, como siempre, viene después de la cordialidad: "lo anterior no ha sido suficiente para reducir el nivel de los Requerimientos Financieros del Sector Público por debajo de 4.0%".
Las horas posteriores a la noticia, el tipo de cambio del peso se depreció 4 o 5 centavos frente al dólar. Movimiento mínimo, considerando la volatilidad de las últimas jornadas. No hubo truenos ni centellas porque una baja de HR Ratings no tiene el mismo impacto que una decisión equivalente de las tres grandes globales, Fitch, Moody's o Standard & Poor's.
En cualquier caso, démosle su lugar a HR Ratings. La agencia mexicana, fundada hace 20 años por Alberto Ramos y Aníbal Habeica es una de las quince mayores calificadoras del mundo y líder en el mercado mexicano, donde tiene una participación superior al 30%, casi el doble que S&P, Fitch o Moody's. Es la agencia más activa en la calificación de deuda subnacional y un jugador de referencia en las colocaciones de empresas. Elabora más de 2,500 calificaciones anualmente y es una de dos agencias no estadounidenses autorizadas para operar en Estados Unidos.
Volvamos al análisis que justifica la baja en la calificación de la deuda de largo plazo. Los principales balances fiscales presentaron un desempeño peor al anticipado, dice la nota que firman Edgar González, Álvaro Rodríguez, Ricardo Gallegos y Félix Boni. En vez de un superávit primario, se acumuló déficit por quinto año consecutivo. Un superávit primario implica que los ingresos del Gobierno superan sus gastos, sin incluir costos financieros. Cuando se consideran estos, el balance se deteriora: "las presiones en el costo financiero con un déficit de 3.7% llevaron a los RFSP a cerrar en 4.3%, por encima del objetivo de Hacienda de 4.0%".
La rigidez en el nivel del gasto público es un problema, entre otras cosas porque crece a un mayor ritmo que los niveles de recaudación. Para subir la calificación, sería necesario que el Gobierno Federal alcanzara superávit primario superior al 1.0% para los siguientes periodos fiscales.
El nivel de la deuda pública llegó a 52.6% del PIB en 2025. La calificadora estima que llegará a 54.5% en 2026 y a 56.4% a fines de 2027. Para fines de sexenio, alcanzaría 61.2% y en 2033 llegaría a 65.6% del PIB. Esto ocurriría si no se rompe la racha de bajo crecimiento económico. Ellos estiman que sería 1.5% anual en los próximos ocho años.
Las dificultades de las finanzas públicas se agudizan por los bajos niveles de crecimiento económico. Se necesitarían niveles superiores a 2.5% anual para mitigar las fuertes presiones de gasto por transferencias, subsidios, servicios personales y otros gastos. Mayor certidumbre podría potenciar la inversión y capacidad operativa en las cadenas de valor, dicen los analistas de HR Ratings: mayor tasa de crecimiento del PIB se traduciría en mayores ingresos tributarios y menor presión en las finanzas públicas.
¿Qué pasará con las otras calificadoras? No está previsto que ninguna de las tres grandes haga un movimiento de la calificación en lo que resta del 2026. El suspenso durará hasta el segundo semestre del próximo año. In Guad we trust.
