Las protestas civiles parecen estar a la orden del día: desde los estudiantes franceses a las "Cucharachas" indias, pasando por la masiva acampada por la vivienda en España. América Latina no es inmune a esta tendencia.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, vio cómo se desplegaba el primer paro nacional contra su Gobierno el miércoles (14.10.2026). Un día después (15.10.2026), una gran marcha universitaria llenaba las calles de Buenos Aires.
En Colombia, las marchas han puesto en primer plano el debate sobre cómo mantener el orden público sin restringir el derecho a manifestarse. Tanto es así, que De la Espriella firmó el martes (13.10.2026) un nuevo decreto centrado en intervenir contra quienes cometan actos violentos durante estas protestas. Argentina, por otra parte, cuenta desde 2023 con su protocolo antipiquetes, cuestionado por la Justicia en los últimos años, pero vigente a día de hoy.
Son respuestas nacionales distintas, pero coinciden con un cambio más amplio en la política regional. El cambio es geopolítico y parece alinear a cada vez más naciones de Latinoamérica con Estados Unidos como aliado común. La alianza se ve reflejada en proyectos como el llamado Escudo de las Américas, en el que tanto Colombia como Argentina participan, y que parece priorizar un punto clave por encima del resto de las agendas: la seguridad.
Para el analista en temas de seguridad Andrés Felipe Cardona-Orozco, el desafío de Colombia en cuanto a las marchas consiste en distinguir entre protesta y violencia. "Las manifestaciones y la protesta como derecho consagrado no se tocan [con el nuevo decreto]", afirma. La dificultad comienza cuando adquieren "una condición de vandalismo o de violencia". Cardona-Orozco reconoce que "la línea es muy delgada".
El analista ve en la actual política de seguridad un distanciamiento ideológico y estratégico con el anterior gobierno y cree que, aunque algunas decisiones ponen el foco en las protestas, la mayoría se centra en combatir mayores focos de violencia como el terrorismo y el narcotráfico. En esa lucha, Colombia ve intereses comunes con Estados Unidos y ambos países coordinan esfuerzos en materia de seguridad.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, vio cómo se desplegaba el primer paro nacional contra su Gobierno el miércoles (14.10.2026).Raul Arboleda/AFP
Los actuales gobiernos de Colombia y Argentina comparten una mayor cercanía con Washington que sus predecesores. Ambos participan en el Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Estados Unidos que reúne a 15 países, entre los que también figuran Chile, Ecuador y Perú, y combina cooperación económica, seguridad y coordinación diplomática.
Cardona-Orozco observa una "renovada intención de Estados Unidos de tener cierto nivel de influencia en las agendas de seguridad en América Latina".
Rut Diamint, profesora en la Universidad Torcuato di Tella, sitúa el acercamiento dentro de una disputa geopolítica más amplia. "No estamos en la Guerra Fría, pero es otro tipo de Guerra Fría también", sostiene. Diamint considera que la Administración de Donald Trump busca mantener alineados a los gobiernos de la región y espera que demuestren que son "amigos y no enemigos".
Esa cercanía puede ofrecer ventajas, pero también imponer condicionamientos. "Hay beneficios, pero también trae dependencia", advierte Diamint. Estados Unidos busca no solo cooperación en seguridad, sino también afinidad política, explica. Diamint se muestra crítica con la carga política del Escudo, que a su parecer "está pensado como un chantaje que le hace Estados Unidos a los países de América Latina. (…) Es, de alguna manera: 'si quieres que yo te ayude después en acuerdos con el Fondo Monetario Internacional o en algún otro tipo de medida que necesites para apoyar tu candidatura, tienes que asociarte a este escudo'". "Los [países] que se están asociando tienen gobiernos de derecha. La izquierda ha sido más reticente", añade.
El Escudo de las Américas prevé ampliar el intercambio de inteligencia, facilitar el acceso a tecnologías de seguridad, capacitar personal y coordinar medidas contra organizaciones criminales transnacionales.
Cardona-Orozco destaca la utilidad de compartir información frente al narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y el tráfico de migrantes.
El analista señala, sin embargo, que todavía deben concretarse los compromisos asumidos por Colombia, sus costos presupuestarios y las condiciones de posibles operaciones conjuntas. Esas definiciones determinarán también el alcance de la alianza sobre la soberanía nacional.
Diamint concentra sus reparos en la posible ampliación de las funciones militares con la alianza. "El Escudo está pensado para luchar contra el narcotráfico, algo que las Fuerzas Armadas no tienen que hacer", subraya.
La experta recuerda que Argentina ya dispone de policías federales y provinciales, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. "Tenemos suficientes mecanismos de seguridad como para atacar el fenómeno", asegura.
Para Diamint, la separación de funciones debe mantenerse: "La función de las policías o de las fuerzas de seguridad es imponer la ley". Policías y militares desempeñan "dos funciones totalmente distintas", con "entrenamientos distintos" y "equipamientos distintos".
Mientras Cardona-Orozco destaca las oportunidades del intercambio de información, Diamint advierte sobre la dependencia política y una eventual ampliación de las tareas militares. El balance del Escudo de las Américas dependerá de su eficacia contra el crimen organizado, pero también de los límites que sus integrantes establezcan a la cooperación con Estados Unidos.
(cm/cp)
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