Con la reinstalación de nueve trabajadores que habían sido despedidos de manera injustificada, a quienes se les pagaron salarios caídos y prestaciones completas, así como la liquidación de dos empleados más de acuerdo con su elección individual, los gobiernos de México y Estados Unidos dieron por concluido el caso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC en la planta de Alimentos Grole, ubicada en Ciudad Obregón, Sonora.
De manera complementaria, la empresa desmanteló un comité interno que operaba alineado a la gerencia, llevó a cabo una reestructuración de sus áreas de recursos humanos y relaciones laborales, y aplicó medidas disciplinarias contra el personal administrativo que incurrió en violaciones a la libertad de asociación y a la negociación colectiva de la plantilla laboral.
Con estas acciones y la total implementación del plan de remediación acordado entre ambas naciones, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) notificó formalmente la resolución del caso y giró instrucciones a la Secretaría del Tesoro para reanudar la liquidación de las entradas de mercancías procedentes de dicha instalación.
El procedimiento en el marco del T-MEC se activó el 29 de julio de 2025, cuando el Comité Interagencial de Monitoreo y Aplicación (ILC) recibió una petición formal por parte de ex colaboradores y trabajadores activos de Alimentos Grole afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria, Mantenimiento Industrial, Similares y Conexos del Estado de Sonora (SITIES).
La denuncia acusaba a la empresa de amedrentar y despedir a personal para inhibir la actividad sindical autónoma, además de impulsar la creación de un comité laboral interno con el fin de obstaculizar la representación libre de los empleados.
Tras revisar los testimonios y los elementos presentados, el ILC concluyó el 28 de agosto de 2025 que existía evidencia suficiente y creíble sobre una denegación de derechos en el establecimiento, por lo que solicitó la revisión formal al Gobierno de México. El 10 de octubre de ese mismo año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) confirmó que efectivamente se habían vulnerado las garantías sindicales en la planta, lo que dio paso a la negociación de un plan conjunto de reparación.
Entre las adecuaciones operativas acordadas para la planta de Ciudad Obregón, se estableció un protocolo formal de acceso que permite a la representación del sindicato SITIES realizar sus funciones y ejercer sus derechos laborales sin interferencias patronales.
Paralelamente, la firma implementó capacitaciones obligatorias para la totalidad de su personal sobre una nueva política de neutralidad y lineamientos de respeto a la libertad de asociación, acompañados de un régimen de cero tolerancia ante cualquier violación futura. La compañía también instaló un sistema de quejas anónimo y confidencial para recibir reportes sobre probables incumplimientos, y puso a disposición de la base trabajadora, a través de sus plataformas digitales y físicas, los contratos colectivos, materiales de capacitación y mecanismos de denuncia existentes.
Por parte de la autoridad mexicana, la STPS y los organismos laborales correspondientes realizaron labores de monitoreo, impartieron talleres presenciales sobre derechos de libre asociación dirigidos tanto a la plantilla general como al personal de supervisión y confianza, y mantuvieron habilitados canales de denuncia telefónicos y digitales para atender de forma oportuna eventuales actos de injerencia en la centro de trabajo.
