Horas oscuras en Colombia. La violencia escaló desde el sábado 7 de noviembre con una serie de atentados, justo cuando el presidente del país Abelardo de la Espriella, cumplía sus primeros 90 días de mandato, cuyo Gobierno ha optado por el retorno de la "mano dura" contra los "grupos terroristas" del país.
Tras años de recrudecimiento de la violencia tanto en las zonas rurales como urbanas, luego del fracaso de la política de "paz total" de su antecesor, Gustavo Petro, que intentó negociar infructuosamente con las diversas organizaciones armadas al margen de la ley, De la Espriella emprendió una política frontal contra los grupos armados ilegales. Sus acciones van desde bombardeos y extradiciones–al menos 142 hasta el pasado octubre, según anunció el mandatario–hasta la militarización de algunas ciudades, como es el caso de Cucúta, en la frontera con Venezuela.
La polémica también ha rodeado su apuesta, centro de las promesas de campaña que lo llevó a la Presidencia, en un país con más de seis décadas de violencia armada, que no han cesado incluso tras la firma del Acuerdo de Paz con las extintas FARC en 2016. Las imágenes del mandatario caminando entre bolsas de cadáveres de presuntos miembros de grupos armados muertos durante operativos militares le han valido críticas de diversos sectores de defensa de los derechos humanos.
Pero, ¿está la política frontal de De la Espriella jugando en su contra? ¿Están los grupos delictivos midiendo el pulso al retorno de la "mano dura" en Colombia?
Al menos tres soldados murieron y unas 30 personas resultaron heridas, incluidos otros ocho militares en estado grave, tras un ataque con drones cargados de explosivos contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, en el norte de Colombia, informó el Ejército.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Jairo Lince Carvajal, Dilan Andrés Lozano León y Álvaro Pushaina, cuyos asesinatos fueron confirmados por la institución castrense en un comunicado, en el que también expresó sus condolencias a familiares y compañeros de los uniformados.
El ministro de Defensa del país, Jorge Mora, atribuyó este hecho al autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN). "Este ataque en contra de nuestra Fuerza Pública sería una retaliación del ELN por la captura de alias 'Carrito', cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó", aseveró el titular de la cartera.
El Ejército señaló que las aeronaves no tripuladas utilizadas para el ataque fueron acondicionadas con dispositivos explosivos. Las detonaciones también causaron importantes daños en las instalaciones militares, muestran imágenes difundidas en redes sociales. Por su parte, el alcalde de Santa Rosa del Sur, Milton Olaya, rechazó el ataque y pidió al Gobierno nacional el envío de refuerzos para garantizar la seguridad de la población.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, también repudió el atentado y expresó su solidaridad con las familias de los militares fallecidos y los uniformados heridos. El mandatario ordenó intensificar las operaciones de seguridad para identificar y capturar a los responsables, así como debilitar sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios afectados por la violencia.
En la zona donde ocurrió el ataque operan el Clan del Golfo y el ELN, organizaciones que mantienen disputas por el control territorial para las rutas del narcotráfico, según una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo publicada en enero.
El ataque contra la base militar se produjo en una jornada marcada por otros incidentes con explosivos en el departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia. Situaciones que incrementan la preocupación por la seguridad de la población civil y los usuarios de las principales vías de la región.
Uno de los hechos violentos ocurrió en la vereda Playa Rica, en el municipio de Suárez, donde un artefacto explosivo detonó sobre la carretera que comunica la cabecera municipal con el corregimiento de Betulia. El alcalde César Lizardo Cerón confirmó que no hubo personas heridas ni víctimas mortales, aunque las autoridades recomendaron extremar las precauciones ante la posibilidad de que existan otros dispositivos en el corredor vial.
El segundo ataque tuvo como objetivo el peaje de Mondomo, situado en la vía Panamericana, a la altura de la vereda Cachimbal, en jurisdicción de Santander de Quilichao. La cadena local 'RCN Televisión' reportó que este atentado tuvo lugar hacia la 1:45 de la madrugada de este domingo, cuando individuos que se movilizaban en motocicleta lanzaron dos artefactos explosivos contra las instalaciones, presuntamente granadas de fragmentación.
La detonación provocó daños principalmente en las casetas del centro de recaudo, que todavía se encuentra en construcción y no ha entrado en funcionamiento. Este punto de la infraestructura vial ha sido atacado en cinco ocasiones desde el inicio de su construcción, según el medio colombiano.
Los dos episodios se producen en medio de un deterioro de las condiciones de seguridad en el Cauca, donde los ataques contra infraestructuras y corredores estratégicos han generado alarma entre las comunidades y las autoridades locales. Tras el atentado contra el peaje, la subsecretaria de Paz y Gobernanza del departamento, Diana Murillo, pidió al Gobierno nacional convocar un consejo de seguridad en la región para revisar las estrategias de protección y adoptar medidas que permitan salvaguardar a la población. Entretanto, la Alcaldía de Suárez instó a respetar el Derecho Internacional Humanitario, evitar la manipulación de objetos sospechosos y seguir exclusivamente las recomendaciones de los organismos oficiales.
La sucesión de estos hechos vuelve a poner de manifiesto los desafíos de seguridad que enfrenta el suroccidente colombiano, especialmente en el departamento del Cauca, una zona estratégica para la movilidad y la conexión entre el sur del país y el resto del territorio nacional. Las circunstancias de estas detonaciones continúan bajo investigación.
Las autoridades colombianas activaron medidas de seguridad tras recibir alertas sobre posibles atentados contra varios medios de comunicación en Bogotá, una situación que obligó a evacuar preventivamente la noche del sábado la sede principal de 'Caracol Televisión'. El canal informó que había sido advertido por las autoridades sobre las intenciones de grupos armados ilegales de atacar sus instalaciones, ubicadas en el noroccidente de la capital, donde también funcionan el diario 'El Espectador' y la emisora 'Blu Radio'.
Aunque la Policía señaló que, hasta el momento de las primeras verificaciones, no había evidencias de explosivos en el edificio ni en sus inmediaciones, la alerta generó preocupación en el sector periodístico.
La emisora 'Caracol Radio' confirmó posteriormente que también recibió información oficial sobre el riesgo de un posible atentado contra sus instalaciones y otros medios de comunicación. La cadena aseguró que activó los protocolos preventivos para proteger a sus periodistas, trabajadores y visitantes. Su sede, situada en el edificio Plaza 67, donde también funcionan la Agencia EFE y el diario español 'El País', no fue evacuada. Las advertencias se extendieron además a otros medios, entre informaciones de inteligencia sobre posibles acciones del ELN contra las instalaciones de 'Caracol TV' y 'RCN', los dos principales canales de televisión del país.
Ante la gravedad de las amenazas, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ordenó desplegar las capacidades de seguridad del Estado para proteger a los medios de comunicación, sus trabajadores y sus familias. El mandatario también dispuso reforzar los esquemas de seguridad de la revista 'SEMANA' y advirtió que su Gobierno no permitirá que grupos armados ilegales intimiden a la prensa.
Por su parte, la Alcaldía de Bogotá informó que la Fiscalía compartió información sobre las alertas con las autoridades distritales y los medios afectados, mientras que el alcalde Carlos Fernando Galán solicitó convocar al Centro Integrado de Información e Inteligencia para evaluar los riesgos y coordinar las acciones preventivas.
Las amenazas provocaron un amplio rechazo institucional. La defensora del pueblo, Iris Marín, y el procurador general, Gregorio Eljach, expresaron su solidaridad con los trabajadores de los medios y reclamaron garantías para el ejercicio libre e independiente del periodismo. Marín pidió esclarecer los hechos y verificar la veracidad de las advertencias, mientras que Eljach advirtió que cualquier intimidación contra la prensa constituye también una amenaza para la democracia. Las autoridades mantienen las labores de investigación y prevención para determinar el alcance de los posibles atentados y garantizar la seguridad de los medios de comunicación.
Con EFE y medios locales
