El posible aumento del IVA a losvehículos electrificados, del 5% al 19%, encendió las alertas en el sector automotor colombiano. La Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto) advirtió que la medida incluida en la llamada Ley de Rescate podría comprometer la continuidad de al menos 19 marcas en el país y afectar miles de empleos.
El gremio considera que el cambio tributario tendría un impacto especialmente fuerte sobre las compañías cuyos portafoliosestán concentrados en vehículos eléctricos e híbridos, pues un aumento de la carga impositiva podría encarecer los precios, reducir la demanda y dificultar la sostenibilidad de sus operaciones comerciales.
"Tal vez el equipo económico del Ministerio de Hacienda no ha tenido en cuenta que una medida tan desproporcionada afectaría irreversiblemente el negocio de unas 19 marcas porque sus portafolios se componen mayormente de vehículos electrificados", afirmó Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto.
Según las estimaciones del gremio, el incremento del IVA podría elevar cerca de 14% el precio de los vehículos electrificados ygenerar una contracción de al menos 40% en el mercado de este segmento.
La preocupación se concentra en las marcas que comercializan exclusivamente o principalmente este tipo de automotores, quetendrían menos posibilidades de compensar la pérdida de competitividad con otros vehículos de sus portafolios.
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Las cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), procesadas por Aconauto, muestran la dimensión del mercado que podría verse afectado por el cambio tributario.
Entre enero y octubre de 2026,las 19 marcas identificadas por el gremio con portafolios electrificados registraron 30.658 vehículos en Colombia.
De ese total, 25.721 correspondieron a automotores eléctricos (EV) y 4.937 a híbridos (HEV).
Para Aconauto, el incremento impositivo podría frenar el crecimiento de este segmento, al trasladar una mayor carga tributaria al comprador y restarle competitividad frente a otras tecnologías de movilidad.
El impacto, advierte la asociación, no se limitaría a las ventas de vehículos. También podría comprometer la continuidad de las operaciones de algunas marcas, la atención posventa y el respaldo que reciben sus clientes, además de los empleos vinculados con importadores, concesionarios y otros actores de la cadena automotora.
Quijano también cuestionó que, en medio de la discusión tributaria, no exista suficiente claridad sobre el tratamiento que tendrán los vehículos electrificados, como si el cambio del IVA ya estuviera definido.
El gremio sostiene que una mayor tributación sobre estos automotores podría ir en contravía de los objetivos de renovación del parque automotor y de transición hacia tecnologías con menores emisiones.
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Aunque reconoce la necesidad del Gobierno de fortalecer el recaudo y sanear las finanzas públicas, Aconauto considera que el ajuste tributario debería contemplar alternativas que no afecten de manera desproporcionada al mercado automotor.
En ese sentido, el gremio presentó tres propuestas:
- Unificar el IVA en 10% para todos los vehículos, en lugar de aplicar tarifas diferenciadas.
- Eliminar el impuesto nacional al consumo que grava la comercialización de automotores.
- Promover el retorno del impuesto de industria y comercio (ICA) en las ciudades a la tarifa anterior de 6,9 por mil, con intervención del Gobierno nacional.
Según las estimaciones de Aconauto,la aplicación de estas medidas permitiría que el mercado automotor colombiano alcance las 500.000 unidades comercializadas al año y, al mismo tiempo, aumente el recaudo fiscal.
La discusión sobre el IVA a los vehículos electrificados se suma a las preocupaciones de un sector que busca mantener el crecimiento de las nuevas tecnologías de movilidad.
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Para los concesionarios, el desafío está en encontrar un equilibrio entre las necesidades fiscales del Estado, la competitividad de los precios y las condiciones para que las marcas mantengan sus operaciones en Colombia.
Por ahora, el gremio insiste en que elevar el IVA de 5% a 19% podría tener efectos que van más allá del precio final de los automóviles: también pondría presión sobre la comercialización, el empleo y la permanencia de varias compañías en el mercado nacional.
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