Llevan a la CIDH cuatro casos de violencia política de género en América Latina

2026-11-20 16:09:21 - MUNDO

Los casos de una regidora de México, una senadora de Paraguay, una mujer política caribeña de Colombia y la primera mujer indígena diputada en Guatemala son emblemáticos de la exposición a la violencia política que siguen teniendo las mujeres en Latinoamérica.

Ante ello, el Observatorio Regional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) sobre violencia política contra las mujeres en razón de género los sistematizó, como punto de partida, para llevar el tema a instancias internacionales.

La iniciativa surgió desde CLADEM, una red articulada desde hace más de 39 años que mantiene presencia activa en 15 países y cuenta con estatus consultivo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) desde 2002.

Foto: Facebook CLADEM

A partir del trabajo acumulado en litigio estratégico y del Programa Paridad, del que han formado parte en los últimos dos años, la organización determinó la urgencia de estructurar un mecanismo regional que no se limitara a la denuncia aislada, sino que también recuperara la memoria de los casos para convertirlos en herramientas de transformación institucional.

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Para situar la problemática ante organismos internacionales, CLADEM tomó un caso representativo por cada una de cuatro divisiones territoriales de la región: México-Caribe, Centroamérica, Región Andina y Cono Sur. La selección respondió a un criterio metodológico enfocado en la interseccionalidad, que busca visibilizar cómo los factores de etnicidad, condición racial, edad y ubicación geográfica agravan las situaciones de violencia que sufren las mujeres en el ejercicio de la función pública.

El caso mexicano, por ejemplo, expone la situación de vulnerabilidad extrema en un ámbito local. Se trata de una mujer política joven que se desempeña como regidora en el municipio de Tequila, Jalisco. Su labor pública está inscrita en un contexto municipal complejo, caracterizado no solo por su perfil turístico y la presencia de la industria tequilera, sino por señalamientos directos de vínculos institucionales y del propio presidente municipal con el crimen organizado.

La regidora, junto con otras compañeras del cabildo, presentó denuncias formales para señalar dichos nexos, lo que desencadenó un escenario de grave riesgo para su integridad. Más tarde, el líder del grupo criminal involucrado fue asesinado, y el presidente municipal de Tequila detenido y procesado penalmente. La funcionaria continúa en su encargo, pero su caso ilustra el desamparo institucional al que se enfrentan las representantes en determinados territorios.

"No es lo mismo ser gobernadora o ser senadora a ser regidora de un municipio pequeñito donde todas se conocen, pero donde además el presidente municipal es acusado de vínculos con el crimen organizado. Entonces cuando ella denuncia, junto con otras regidoras, estos nexos del presidente municipal y todo lo demás, de inmediato se colocan en una situación de gravísimo riesgo y vulnerabilidad", explica en entrevista María Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora regional de CLADEM.

Exalcalde de Tequila, Jalisco, detenido. Está acusado por delincuencia organizada y secuestro. Foto: Especial

En Centroamérica, la documentación se centró en Guatemala mediante la experiencia de la primera mujer indígena en asumir una diputación en la historia de ese país, pese a que la mayoría de su población tiene esa adscripción. El caso puso en evidencia las agresiones sistemáticas, el racismo estructural y las prácticas de exclusión ejercidas en su contra dentro del congreso.

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En el cono sur, el caso documentado ocurrió en Paraguay: una legisladora que había sido la senadora con la mayor cantidad de votos obtenidos en la historia del país, fue destituida de su cargo en un proceso exprés tras realizar denuncias públicas sobre presuntas irregularidades y nexos que involucraban al presidente y otras estructuras de poder, que hoy están claramente expuestas. Para CLADEM, se trató de un acto directo de violencia política de género.

El cuarto caso, correspondiente a la región andina, se documentó en Colombia, donde una mujer negra originaria de la zona caribeña de ese país compitió en diversas contiendas electorales y experimentó múltiples expresiones de discriminación racial y hostigamiento, que escalaron hasta amenazas de muerte derivadas de su determinación de participar políticamente en el espacio público.

Foto: Facebook Diakonia América Latina

La sistematización de los cuatro casos emblemáticos evidenció que los ataques contra mujeres políticas no son hechos aislados ni se restringen a quienes ocupan puestos de representación popular formal, sino que alcanzan a mujeres con voz pública en diversos espacios comunitarios y territoriales. Frente a ese panorama, CLADEM también detectó una proliferación crítica de agresiones a través de plataformas digitales.

Por ello, impulsó la creación del Observatorio Regional sobre Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, con un acento prioritario en la violencia digital. La estructura del organismo obedece a la necesidad de construir evidencia sólida y comparable que permita formular recomendaciones a los Estados, robustecer las medidas de protección y activar mecanismos de litigio estratégico.

El observatorio y sus hallazgos preliminares fueron presentados esta semana en el contexto del encuentro "Somos la mitad, queremos paridad", organizado por la organización sueca Diakonia, la agencia feminista Trineo y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Para, que reunió a mujeres políticas y periodistas de la región.

El observatorio definió como parte de sus objetivos cuatro líneas fundamentales: monitorear, es decir, registrar hechos, situaciones coyunturales, tendencias históricas y expresiones de violencia, tanto en el entorno presencial como en entornos virtuales; documentar expedientes mediante búsquedas multifuente que abarcan normativas, resoluciones administrativas y judiciales, coberturas de prensa, monitoreo en redes sociales y testimonios directos; analizar de manera transversal los patrones de agresión, los tipos de perpetradores, las condiciones contextuales y la pertinencia o dilación de las respuestas institucionales, e incidir mediante diagnósticos técnicos e informes especializados orientados a promover reformas legislativas, protocolos eficaces de justicia y políticas públicas de prevención.

"Queremos que sea en distintas etapas, por eso decimos observar, documentar, sistematizar y transformar. No nos queremos quedar solamente en la observación, en la documentación y sistematización. Sí queremos que los informes, los insumos, sirvan para todas, porque todo esto sirve para la incidencia. Y si queremos ir a las denuncias, al litigio y demás, que tengan la posibilidad de disponer de esa información por países y por subregiones, y por región completa", detalla Ramos Ponce.

Foto: Facebook Diakonia América Latina

La incidencia del observatorio contempla llevar las pruebas sistematizadas a instancias internacionales. En marzo de este año, en el marco del 195 período de sesiones celebrado en Guatemala, CLADEM promovió una audiencia pública sobre el impacto de la violencia política de género en la región, mediante el expediente PS 195-1860.

Así, en el marco del Programa Paridad, la organización participó en la audiencia pública "Impacto de la violencia política en contra de las mujeres en la región", en la que participaron las sobrevivientes de violencia política de Paraguay, México, Colombia y Guatemala, además de Claudia Marcela Gómez Wilson, en representación de Diakonia, y Marina López Sepúlveda como apoyo técnico de CLADEM.

El plan hacia adelante no concluye con la exposición de casos particulares. La organización ya prepara un documento analítico que será presentado públicamente a principios del próximo año, y que se pretende sirva como base técnica para solicitar formalmente a la CIDH una audiencia temática regional, con el fin de que el organismo elabore un informe temático especializado sobre violencia política contra las mujeres.

"Que la propia Comisión Interamericana prepare, elabore y presente un informe temático de la violencia política contra las mujeres. Eso es lo que queremos, estamos trabajando en ello porque una vez que tengamos toda esa información, se la podemos proporcionar a la propia comisión para que pueda elaborar su propio informe", apunta Ramos Ponce.

Cortesía de CLADEM

A partir del trabajo de un equipo consultor distribuido en las distintas subregiones, el observatorio identificó sus primeros hallazgos. La principal conclusión preliminar es la existencia de una profunda disparidad normativa entre los países latinoamericanos, la cual coexiste de forma paradójica con una uniformidad en las conductas violentas hacia las mujeres políticas.

Por un lado, México registra avances significativos en el ámbito formal: ha alcanzado la presidencia de la República para una mujer, reformas constitucionales en materia de paridad total e integración paritaria en los congresos federal y locales, además de un andamiaje legal e institucional para sancionar las infracciones de género.

En contraste, en países vecinos, como Guatemala, la legislación carece por completo de leyes de paridad, cuotas de representación o medidas afirmativas que garanticen el acceso de las mujeres a las candidaturas, rezago similar al de, por ejemplo, Paraguay.

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No obstante, las indagatorias preliminares revelan que las estructuras jurídicas robustas no han logrado erradicar la violencia real sobre el terreno. En todos los países analizados se replican agresiones idénticas, hostigamientos sistemáticos e incluso feminicidios. Las causales se vinculan a la transgresión que sigue representando la incursión femenina en el poder tradicional.

"En donde se igualan, digamos, es en los patrones de discriminación, violencia y todo, ahí son igualitos. En México y en Paraguay, en Guatemala y en todos lados. Lo mismo violentan a las mujeres en México, por mucho que hubiésemos avanzado en normativas, en leyes, en sanciones, en plataformas, en un andamiaje político, jurídico, institucional para atender esas violencias", sostiene.

Los hallazgos confirman también el impacto de la interseccionalidad: el riesgo de padecer agresiones y aislamiento institucional se incrementa si la condición de género y la exposición pública se combina con la juventud, la pertenencia a un pueblo originario o la afrodescendencia.

Cortesía de CLADEM

El diseño metodológico del observatorio contempla un modelo mixto y observacional que suma métodos cuantitativos con análisis cualitativo de contenido y discurso. Su enfoque contempla variables estandarizadas para medir transformaciones a través del tiempo en 15 países: México, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Bolivia, Perú y Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

El esquema de trabajo incluye una coordinación metodológica general, enlaces consultores subregionales, los equipos nacionales de CLADEM y un grupo impulsor. Además, cuenta con una Red de Mujeres Políticas por la Democracia Paritaria, pensada como un órgano consultivo.

Esa red incorpora a funcionarias electas, exautoridades y lideresas comunitarias para nutrir los diagnósticos desde sus vivencias concretas. Los trabajos de formación y adscripción a esta red iniciaron en Colombia mediante talleres con mujeres políticas de Bogotá y del Caribe.

Cortesía de CLADEM

Además, para acceder a los recursos generados, CLADEM habilitará un micrositio dentro de su portal institucional, que funcionará como repositorio de investigaciones previas, formularios para el registro sistemático de casos a partir de 2025 y consultas de expedientes paradigmáticos.

Ramos Ponce enfatiza que la erradicación de las agresiones estructurales hacia las mujeres pasa ineludiblemente por garantizar su ejercicio efectivo del poder público. Mientras las mujeres no estén en los espacios de decisión, construyendo los Estados, los países, las democracias y los gobiernos, opina, "todo queda corto, queda suelto".

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"Una democracia sin mujeres no es democracia; un país sin la participación de las mujeres no es un país completo, un gobierno donde no estemos las mujeres en el ejercicio del poder y en el ejercicio de las decisiones es parcial, no es completo", concluye.

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