Extorsión, homicidios y delitos informáticos aumentaron en Colombia durante el primer semestre de 2026

2026-11-20 19:51:21 - MUNDO

El deterioro de algunos indicadores de seguridad en Colombia encendió las alertas del sector empresarial. Durante el primer semestre de 2026 aumentaron delitos como la extorsión, los homicidios, el terrorismo y los ataques informáticos, mientras que las organizaciones criminales ampliaron su presencia territorial y las capacidades de respuesta del Estado enfrentaron restricciones.

Así lo advierte el balance del Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial Nacional (CGN), que presenta un panorama mixto: aunque disminuyeron varios delitos contra la propiedad, crecieron las conductas que afectan directamente la vida, la libertad de las personas y el funcionamiento de las actividades productivas.

La extorsión aparece como una de las principales preocupaciones. Entre enero y junio se contabilizaron 7.261 casos, un incremento de 23% frente al mismo periodo de 2025. De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, tanto el primer como el segundo trimestre alcanzaron los niveles más altos para esos periodos en más de 15 años.

Para los empresarios, este comportamiento representa una amenaza directa sobre la operación de los negocios, especialmente en las regiones donde las estructuras criminales utilizan las amenazas y el cobro de dinero ilegal para ejercer control sobre comerciantes, transportadores y productores.

Otro de los indicadores que genera preocupación es el crecimiento de los delitos informáticos. Los casos pasaron de 33.057 en el primer semestre de 2025 a 50.833 en los primeros seis meses de 2026, lo que representa un aumento de 53,8%.

Bogotá concentró uno de cada tres casos reportados, una proporción que evidencia la dimensión del riesgo digital en los principales centros económicos del país.

El Consejo Gremial advierte que esta modalidad delictiva constituye una amenaza creciente para el sector productivo, debido a sus efectos sobre las empresas, sus operaciones y la seguridad de la información.

https://x.com/ConsejoGremial/status/2123894188895023234

El incremento de los ataques digitales se suma a las modalidades tradicionales de delincuencia y amplía los desafíos que enfrentan las compañías para proteger sus activos y garantizar la continuidad de sus actividades.

La violencia contra la vida tampoco mostró señales de retroceso. En el primer semestre de 2026 se contabilizaron 7.015 homicidios intencionales, un aumento de 2,7% frente al mismo periodo del año anterior.

El segundo trimestre, además, presentó el nivel más alto de homicidios para ese periodo en los últimos cinco años.

A este panorama se suma el comportamiento del terrorismo. Entre enero y junio se reportaron 753 casos, lo que representa un crecimiento de 11,7%. El departamento del Cauca concentró más de un tercio de estos hechos, reflejando la persistencia de la violencia en territorios afectados por la presencia de grupos armados ilegales.

Estas cifras muestran que, más allá de los delitos que afectan el patrimonio, persisten amenazas contra la integridad de las personas y la estabilidad de las comunidades.

El balance del Observatorio de Seguridad también identifica reducciones en algunos delitos que afectan directamente la actividad económica.

El hurto a establecimientos comerciales disminuyó 13,4% durante el primer semestre, mientras que la piratería terrestre cayó 53,1% y el abigeato, relacionado con el robo de ganado, se redujo 35,6%.

Sin embargo, el Consejo Gremial advierte que una disminución en las denuncias no necesariamente significa que se esté presentando una reducción equivalente en la criminalidad.

Como ejemplo, señala el comportamiento del sacrificio clandestino de ganado, identificado como el principal destino del abigeato. Esta actividad aumentó 71% durante la última década, lo que evidencia que siguen existiendo problemas de ilegalidad en la cadena productiva de la carne.

La situación representa un desafío para los productores pecuarios y para las autoridades encargadas de controlar el comercio ilegal de animales y productos derivados.

Uno de los factores que explica el deterioro de varios indicadores es la expansión de las estructuras criminales y su capacidad de ejercer control sobre diferentes territorios.

Según el Consejo Gremial, los grupos armados superan los 27.000 integrantes, incluidos sus integrantes y redes de apoyo. Estas últimas crecieron 23,5% durante 2025.

El informe también identifica al menos 13 zonas de disputa activa entre estructuras armadas, prácticamente el doble de las que se contabilizaban en 2022.

La expansión de estos grupos tiene consecuencias que van más allá de los indicadores de orden público. Su presencia limita la movilidad, afecta las actividades comerciales y productivas y dificulta la operación de empresas y trabajadores en las regiones.

El impacto de la inseguridad también se refleja en las condiciones de vida de las comunidades. Durante el primer semestre de 2026, un total de 15.960 personas fueron desplazadas en eventos masivos, mientras que otras 64.787 quedaron confinadas.

Este último fenómeno tiene consecuencias especialmente graves para las economías rurales. El confinamiento impide o restringe la movilidad de las comunidades, bloquea vías de acceso, interrumpe el abastecimiento de alimentos y otros productos y puede paralizar actividades agropecuarias y comerciales.

De esta manera, la violencia no solo genera desplazamientos y afectaciones humanitarias, sino que también compromete el funcionamiento de las cadenas de suministro y la generación de ingresos en las zonas afectadas.

Para el sector empresarial, la seguridad constituye una condición fundamental para invertir, producir y generar empleo. Por eso, el Consejo Gremial advierte que el deterioro de las condiciones de orden público eleva los costos de operación, limita las decisiones de inversión y dificulta los procesos de formalización.

Uno de los ejemplos mencionados en el balance es el hurto de infraestructura eléctrica. Durante el primer semestre de 2026, el robo de cables le representó a Empresas Públicas de Medellín (EPM) daños por $25.000 millones y afectó a más de 763.000 clientes.

Este caso evidencia que los efectos económicos de la delincuencia no se limitan a las pérdidas directas de las compañías. También comprometen la prestación de servicios públicos y afectan a hogares, establecimientos comerciales e industrias.

Los daños sobre la infraestructura estratégica pueden traducirse en interrupciones del servicio, mayores gastos de reparación y dificultades para garantizar la continuidad de las operaciones.

A las dificultades de seguridad se suma la capacidad limitada del Estado para responder a las amenazas.

El Observatorio señala que solo 52% de la flota de la Fuerza Aeroespacial Colombiana está en condiciones de volar. Además, el mantenimiento aéreo del Ejército cuenta con cerca de una tercera parte de los recursos que necesita para atender sus requerimientos.

Estas restricciones representan un desafío para las operaciones de vigilancia, movilidad y respuesta de la Fuerza Pública, especialmente en territorios extensos y de difícil acceso, donde la presencia institucional resulta determinante para contener el avance de las organizaciones criminales.

Frente a este panorama, el Consejo Gremial Nacional plantea que la seguridad debe ser una prioridad para garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo económico.

Entre sus propuestas está asegurar los recursos que requiere la Fuerza Pública para cumplir sus funciones, priorizar la intervención en los territorios más afectados por la violencia y fortalecer los mecanismos de cooperación entre el sector público y el privado.

El llamado del gremio empresarial apunta a que la seguridad no sea entendida exclusivamente como un asunto de orden público, sino también como una condición indispensable para proteger la actividad económica.

La reducción de los riesgos para las empresas, la recuperación del control territorial y la protección de las comunidades son, según el planteamiento del Consejo Gremial, factores necesarios para impulsar la inversión, la producción y la generación de empleo en Colombia.

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Fuente: google.com
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